Venezuela dejó de existir como nación y como república. Es el país más endeudado del planeta, en recesión desde 2014, antes de que llegasen las sanciones contra sus jerarcas por corrupción y crímenes de lesa humanidad. El 65% de su economía está destruido y la población sufre de una tragedia humanitaria sin precedentes, agravada por la aceleración del COVID-19.

La mitad del país vive en la informalidad y el ingreso salarial es de un dólar al día. La inmoral boutique caraqueña de la élite oficial y sus beneficiarios, dentro de una «economía negra» que nutre a las finanzas públicas, no trastoca el panorama. Lo hace más ofensivo.

Los lazos de la nación venezolana – salvo su unidad en el dolor – se han fracturado. Más de 6 millones de venezolanos han emigrado, se han vuelto diáspora, mientras el resto de la población es diáspora hacia adentro.

El trastorno de los vínculos familiares, el sometimiento de todos a la ley de la supervivencia ha acabado los «proyectos de vida». Se han roto, además, los lazos de confianza, fundamento de toda vida social. La ejemplaridad dominante durante el siglo que corre en nada ayuda. Es proclive a la atomización de las personas, al desarrollo exponencial de otras identidades raizales o arbitrarias, negadas a las matrices de la cultura.

Venezuela tiene dos gobiernos, uno de hecho, con poder de fuego, y otro formal, constitucional, sin realidad de poder, de cuya continuidad – jurídicamente incuestionable – dudan, por razones partidarias o personales, hasta quienes lo han sostenido. Hay 2 parlamentos, 2 tribunales supremos, 2 fiscalías del ministerio público. Y quien detenta el poder fáctico, al paso lo ha perdido sobre partes del territorio.

El lado occidental y sur está bajo control compartido entre lo que queda de la Fuerza Armada, las narcoguerrillas colombianas, las organizaciones criminales que destruyen el medio ambiente y canibalizan las riquezas mineras del país, y no pocos “adelantados” de potencias extranjeras. Nada que decir del costado oriental, en el disparadero de perderse como consecuencia de la contención sobre el territorio esequibo, constante de 150.000 km.

Un hilo de Ariadna anuda al conjunto y es su premisa. Bajo la conducción de Hugo Chávez se pactó una alianza de poder con las organizaciones criminales del narcotráfico bajo guía cubana, que alcanza su plenitud a partir de 2013, gobernando Nicolás Maduro. Su cara visible son las ejecuciones extrajudiciales, que suman 284.000 víctimas bajo los dos mandatos señalados, configurativas de los crímenes de lesa humanidad constatados por la ONU.

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El caso es que las aproximaciones internacionales sobre Venezuela pugnan entre sí, según los énfasis e intereses de los gobiernos involucrados. Allí está la fortaleza de los responsables de la tragedia venezolana en curso y el origen de la impunidad reinante.

Unos ponen el acento en lo económico, arguyendo que los venezolanos urgen de comida y medicinas, pero al juego se le suma el régimen arguyendo el peso de las sanciones e ilusionando a empresarios con la devolución de las industrias y comercios que les confiscara en las décadas precedentes.

Otros consideran que lo esencial es la recomposición política de la democracia y sus partidos, para que la población – enajenada por el hambre – decida sobre su futuro, así las opciones sobre la mesa sean entre la vida y la muerte, entre la libertad y la esclavitud, eso sí, a través del voto.

En eso andan quienes prefieren salvar sus espacios de poder dinerario o partidario, a saber, exigiendo se reinicie la lucha desde las localidades, armando espacios de poder dentro de una realidad que no tiene otra perspectiva que la permanecer sujeta al dictado del poder criminal gobernante. ¿O acaso se olvida, junto a esto, que nuestro modelo “constitucional” es presidencialista, centralista y transversalmente militarista?

Finalmente, hay quienes consideran que lo primero es despejar el factor narco criminal para que los venezolanos aprendamos a vivir dentro de una economía sana, se le ponga final a la diáspora, y de conjunto podamos redescubrir el sentido de la política como experiencia de servicio a la verdad, bajo formas democráticas integrales.

Todos los caminos, eso sí, conducen hacia fórmulas de negociación, como complemento de las medidas de responsabilidad de proteger – que eso son las sanciones internacionales en el más estricto sentido – pero que han perdido su efectividad por la ausencia de sincronía entre los gobernantes que las han impuesto, también penetrados por actores internos.

La nación no se encuentra en condiciones de hacerse representar. Para eso se requiere de lo que no se tiene y por lo que algunos luchan de buena y de mala fe, unas elecciones libres y justas. El poder de facto se representa a sí solo, sin más.

El otro, el que queda, residuo de la experiencia democrática, aún se personifica en Juan Guaidó, presidente interino. Los gobiernos le han sostenido su confianza, incluso con ambigüedad. Pero una pregunta elemental han de hacerse estos, cuando les exigen a los venezolanos negociar de “buena fe” y que sean ellos quienes ordenen las discrepancias.

Una negociación presupone partes con equilibrio de poder. Cada una da algo y recibe algo de la otra. El caso es que las contrapartes venezolanas no son actores que pugnen por ideologías distintas, que nada le dicen a la gente.

La sociedad venezolana, como víctima estaría acudiendo a un encuentro con su victimario, que acumula toda la capacidad destructiva graficada. A toda víctima solo le queda, para dar, renunciar aparte de sus derechos a fin de sobrevivir.

De modo que, no hay posibilidades de cambio democrático negociado y legítimo en Venezuela si la comunidad internacional no se decide a disponer su poder disuasivo, al lado del pueblo venezolano, para contrabalancear al narcoterrorismo imperante. Colombia es un ejemplo que bien ilustra en cuanto aciertos y muchos yerros, que hoy comprometen a su destino.

Por Asdrúbal Aguiar