Venezuela ha estado enfrentando al menos por varias semanas en su estado Apure combates entre distintos frentes de las disidencias de las FARC, grupos armados de Colombia, de acuerdo con denuncias de la organización Human Rights Watch (HRW).

En uno de los más recientes episodios de esta espiral de violencia, ocho soldados venezolanos fueron secuestrados presuntamente por estos movimientos irregulares colombianos, según informó el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el pasado 15 de mayo.

Este sábado, la oposición liderada por el presidente (e) Juan Guaidó pidió públicamente ayuda de la Cruz Roja y del Vaticano para lograr la liberación de los militares. La solicitud estuvo acompañada de un video de los rehenes, al parecer grabado el pasado 16 de mayo, dirigido al “pueblo bolivariano, al Gobierno nacional, a la Cruz Roja Internacional y a la exguerrilla convertida en partido político, FARC”.

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“Queremos estar con nuestras familias y poner en práctica la lección aprendida. Gracias a todos por sus oraciones y estar pendientes de nosotros. Gozamos en este momento de buena salud y buena alimentación. Muestro la fecha a día de hoy, 16 del 5 de 2021”, leyó durante el video uno de los militares secuestrados.

El representante de Guaidó en Colombia, Tomás Guanipa, responsabilizó a la Administración de Nicolás Maduro de la retención de los militares y de entregar la “soberanía territorial”. La oposición venezolana ha denunciado reiteradamente que el chavismo ha apoyado históricamente a grupos irregulares colombianos. 

“Por culpa de Maduro y su política de entrega a los grupos irregulares extranjeros armados de nuestra soberanía territorial, estos soldados venezolanos están secuestrados y sus vidas corren peligro. Pedimos al Vaticano y a Cruz Roja todo el apoyo para lograr su pronta liberación”, afirmó Guanipa a través de su cuenta de Twitter.

El Gobierno de Maduro ha rechazado los señalamientos y la semana pasada Padrino López calificó lo ocurrido como un “infame secuestro”. Se desconoce con exactitud la autoría de las retenciones ilegales.

Las autoridades venezolanas evitan identificar a los grupos irregulares y se limita a llamarlos “terroristas”, aunque Maduro reconoció la posibilidad de que se sean disidentes de las FARC.

HRW ratifica la presencia de disidencias de las FARC en Venezuela

El secuestro de militares venezolanos en su propio país por parte de grupos violentos colombianos ocurre semanas después de que Human Rights Watch publicara un informe en el que ratifica tanto la presencia como los enfrentamientos entre distintos frentes de las guerrillas colombianas en el estado venezolano Apure.

En el reporte de la organización, del pasado 26 de abril, líderes comunitarios y grupos de derechos humanos afirmaron a HRW que una banda armada colombiana presuntamente vinculada con el Gobierno venezolano está tratando de derrocar a otro grupo guerrillero rival para consolidar su control sobre el narcotráfico.

Con respecto a qué grupo delictivo colombiano estaría siendo respaldado por la fuerza pública venezolana, Human Rights Watch indicó que la denominada Segunda Marquetalia, disidente de las FARC y señalada de su cercanía con la Administración de Maduro, se encuentra en enfrentamientos en Apure, para tratar de expulsar al Frente Décimo, otro grupo formado por disidentes de las FARC, con el que se disputa el control por el tráfico de drogas en la zona. El Frente Décimo es también el objetivo de la operación de los militares venezolanos.

“Las investigaciones de Human Rights Watch han demostrado que las fuerzas de seguridad venezolanas y otras autoridades han tolerado a grupos armados que operan en Apure y, en ocasiones, han actuado en connivencia con ellos. En los últimos años, el ELN y los grupos disidentes de las FARC parecen sentirse más seguros y con mayor facilidad para operar abiertamente en Venezuela que en Colombia. Estos grupos han instalado campamentos en Apure”, aseguró la organización humanitaria.

En este contexto, HRW denunció que las fuerzas de seguridad venezolanas que operan contra un grupo rebelde colombiano a lo largo de la frontera han ejecutado a campesinos y han torturado, arrestado, expulsado de sus hogares y procesado arbitrariamente a civiles en tribunales militares. Sobre las motivaciones de los crímenes, las víctimas han sido acusadas por las partes violentas de supuestamente colaborar con alguna de las bandas delictivas rivales.

Tras entrevistar a algunos de los desplazados, autoridades colombianas, peritos forenses y representantes de grupos humanitarios, HRW asegura que muchos de los detenidos “no eran miembros de grupos armados”, sino simplemente parte de la población local.

El Gobierno venezolano que apenas ha informado sobre el conflicto en Apure, señaló hace poco menos de un mes que en un enfrentamiento habían fallecido “varios” miembros más de la Fuerza Armada, después de que el 5 de abril revelara que habían caído en combate 8 militares y 9 “terroristas”

Las FARC se convirtieron en un partido político en Colombia tras la firma del acuerdo de paz con el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, en 2016. Muchos de sus miembros abandonaron las armas y hay quienes se unieron a la política colombiana. Sin embargo, otros abandonaron el pacto y volvieron a la violencia. Pero ahora, las denominadas disidencias sufren profundas divisiones y se enfrentan entre sí, algunas con el posible respaldo de las autoridades venezolanas, de acuerdo con las denuncias de HRW.