La detención y acusación de Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, ha generado una profunda preocupación por el estado de la democracia y los derechos humanos en Venezuela. El Ministerio Público la señala de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros cargos, relacionados con el presunto plan “Brazalete Blanco” para atentar contra Nicolás Maduro. Estas acusaciones, sin embargo, plantean interrogantes sobre el respeto al debido proceso y la libertad de expresión en un contexto de creciente autoritarismo.

En un país donde la independencia judicial es cuestionada y las garantías procesales son vulneradas, la detención de San Miguel refleja la represión sistemática contra defensores de derechos humanos y activistas de la sociedad civil. La falta de acceso a sus abogados y la opacidad en su situación de reclusión son indicios alarmantes de un sistema judicial manipulado por intereses políticos.

Lea también | El debate sobre la capacidad de Joe Biden y Kamala Harris para gobernar: ¿Preocupación legítima o estrategia política?

La acusación de terrorismo y traición a la patria, sin evidencia clara y en ausencia de un juicio justo, es un claro ejemplo de la instrumentalización del poder judicial para perseguir disidencia y silenciar voces críticas. En lugar de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, las autoridades recurren a la criminalización y la intimidación como herramientas para mantener el control político.

La comunidad internacional debe condenar enérgicamente estas prácticas represivas y exigir la liberación inmediata de Rocío San Miguel y otros presos políticos en Venezuela. La defensa de los derechos humanos y la promoción de la democracia no pueden ser sacrificadas en aras de intereses partidistas o gubernamentales. Es necesario un compromiso conjunto para restaurar el Estado de derecho y garantizar la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos venezolanos.