El régimen venezolano calificó de “gran farsa” el caso presentado ante la Corte Penal Internacional (CPI) por posibles crímenes de lesa humanidad en ese país y anunció que envió un informe a la fiscalía de ese organismo que “desmonta” las acusaciones.

La corte internacional con sede en La Haya inició en febrero de 2018 un examen preliminar para investigar presuntos delitos cometidos desde abril de 2017 en Venezuela en el contexto de una ola de protestas que pedían la salida del presidente Nicolás Maduro y que dejaron un centenar de muertos.

“Se trata de una gran farsa”, lanzó la vicepresidenta oficialista Delcy Rodríguez. “El Estado venezolano defendió la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo frente a manifestaciones extremadamente violentas”.

“Nosotros hemos ido desmontando caso por caso, basado en la realidad, en hechos”, siguió la funcionaria al presentar un estudio sobre lo que llamó un “linchamiento” contra Maduro en las redes sociales, que según sostiene sirvió como base para armar las denuncias.

LEA TAMBIÉN | Leopoldo López afirmó que la violencia le quita legitimidad a la protesta en Colombia

“Desde las redes sociales se construyó falsamente los parámetros para llevar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional”, aseveró Rodríguez.

El estudio de “big data”, de acuerdo con la funcionaria, fue elaborado por “expertos independientes” que identificaron una “pequeña cantidad de usuarios” que “amplificaron falsas realidades y matrices”.

Es “un caso creado artificialmente”, agregó.

Las autoridades venezolanas han enviado otros tres informes a la fiscalía de la CPI, cuya extitular Fatou Bensouda dijo a finales de 2020 que “existe una base razonable para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes que competen” a esa corte.

Rodríguez insistió que militares y policías actuaron en 2017 “siempre con la prohibición de uso de armas de fuego y el presidente Nicolás Maduro fue muy claro: primero que nada el respeto a la vida, el respeto a los derechos humanos”.

El fiscal general del régimen, Tarek William Saab, anunció el fin de semana, como parte de este cuarto informe, la imputación de 12 efectivos de la Guardia Nacional por la muerte de un joven de 20 años impactado por una bomba lacrimógena en abril de 2017, durante una protesta.

El chavismo dijo entonces que la muerte del universitario había sido ocasionada por sus compañeros manifestantes.

Fuente AFP