Miles de colombianos están de nuevo en las calles este viernes al cumplirse un mes del inicio de las protestas que estallaron contra el presidente Iván Duque, y sumieron al país en una inédita crisis social en pleno azote de la pandemia.

En Bogotá, Medellín, Cali y otros puntos del país avanzan las marchas y concentraciones en rechazo a la represión policial y el manejo de la emergencia económica que desató el virus.

Aunque en su mayoría pacíficas, las manifestaciones de este viernes han derivado en choques con la fuerza pública en cercanías de la capital colombiana, mientras en Cali, uno de los puntos más críticos, circulan videos y denuncias que dan cuenta de disparos y de al menos dos muertos.

Las autoridades no se han pronunciado todavía sobre las imágenes que muestran a un hombre en el suelo, en un charco de sangre, y luego al presunto agresor ajusticiado en el marco de una movilización. 

El gobierno de Colombia abrió diálogos con el frente más visible de las manifestaciones, pero sin lograr un acuerdo. Los líderes sindicales y estudiantiles exigen garantías para la protesta, ante los múltiples excesos de la fuerza pública, y al tiempo las autoridades piden el levantamiento de los bloqueos viales que causan desabastecimiento y millonarias pérdidas económicas en puntos como Buenaventura, el principal puerto sobre el Pacífico.

“En este mes se ha visibilizado la fuerza del Estado, cómo actúa” contra los ciudadanos, señaló Gustavo Peña, un universitario de 22 años.

“Y estoy orgulloso porque mi país por fin está teniendo dignidad, y se levanta no a pedir nada regalado, sino oportunidades, que no haya un reparto tan desigual” de recursos, agregó.

En un mes de protestas han muerto 46 personas, la mayoría civiles según la Defensoría del Pueblo. La fiscalía ha establecido que 17 de los casos tienen nexo directo con las manifestaciones, pero la ONG Human Rights Watch afirma tener “denuncias creíbles” sobre 63 muertes, 28 relacionadas con la crisis.

Protesta sostenida

La crisis comenzó cuando el gobierno quiso cargar con más impuestos a la clase media, castigada por la pandemia, para llenar el hueco fiscal que dejó la emergencia económica. 

Duque desistió de la propuesta, pero la represión policial encendió más los ánimos. Hoy las calles están llenas de jóvenes sin empleo ni educación que piden un Estado más solidario ante los estragos de la covid-19.

Las fuerzas policiales, que en Colombia son controladas por el ministerio de Defensa, están bajo el hierro encendido de la crítica por los excesos que las vinculan en muertes de manifestantes.

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La comunidad internacional ha condenado la reacción de los órganos de seguridad, mientras las calles claman por una reforma que “desmilitarice” a un cuerpo policial que lleva décadas combatiendo a guerrilleros y narcotraficantes.

El gobierno asegura que las manifestaciones han sido infiltradas por vándalos y grupos armados que sobreviven a la firma del acuerdo de paz con las extintas FARC, la guerrilla que se transformó en partido político después de medio siglo de fallida lucha por el poder.

Desde su llegada al poder en agosto de 2018, Duque ha enfrentado inéditas protestas en un país donde las manifestaciones solían ser descalificadas por la supuesta manipulación que ejercía la guerrilla. 

La pandemia apagó un tiempo las movilizaciones, pero estas retomaron con fuerza a pesar de que Colombia enfrenta una agresiva ola de covid-19 que tiene a los hospitales al bordo del colapso.

Las manifestaciones pacíficas de día, pero que escalan de noche en violentos enfrentamientos en varios puntos, han llevado a la renuncia del ministro de Hacienda, la canciller y el Alto Comisionado para la Paz.

Mientras tanto, la desaprobación de Duque alcanza máximos históricos (76%), a un año de elecciones. 

La pandemia ha afectado la economía del país de 50 millones de habitantes. En un año el porcentaje de población pobre pasó del 35,7% al 42,5%, y casi un tercio de los colombianos (27,7%) entre los 14 y 28 años no estudia ni trabaja, según el órgano estatal de estadística.