Miguel Ángel Martín ha experimentado en carne propia la persecución del gobierno venezolano. En julio de 2017, la Asamblea Nacional de ese país nombró a 33 magistrados para que sustituyeran a unos jueces “exprés” nombrados por los parlamentarios salientes en diciembre de 2015. Ese congreso era oficialista y la designación de esos magistrados irregular. Sin embargo, a las nuevas autoridades judiciales se les acusó de traición a la patria. Maduro los amenazó con llevarlos presos “uno a uno” y por un tiempo su vida pasó a la clandestinidad.

Nota de prensa. Sentencia que condena al acusado, hoy penado Nicolás Maduro Moros. pic.twitter.com/d5seY958p9

— TSJ_Legítimo (@TSJ_Legitimo) August 16, 2018

Los magistrados ahora se encuentran en el exilio. Lograron juramentarse como jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en una ceremonia realizada en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) el 13 de octubre de 2017, acto en el que se nombró a Martín como Presidente de la Corte y, desde entonces, han dictado varias sentencias, pese a que se encuentran repartidos entre varios países como Panamá, Chile, Colombia y Estados Unidos, que les dieron asilo o refugio.

El 4 de julio de este año declararon el “vacío institucional de la Presidencia en Venezuela”, y el 16 de agosto condenaron a Nicolás Maduro a 18 años y 3 meses de prisión por corrupción en el caso Odebrecht. El tribunal también determinó que debe pagar una multa de 25 millones de dólares por corrupción propia y reintegrar al Estado venezolano 35 mil millones de dólares por legitimación de capitales.

Martín se encuentra esta semana en Chile para divulgar las implicaciones de tales fallos y pedir la ayuda de la comunidad internacional tanto para solventar la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela, como para coordinar mecanismos diplomáticos que permitan la salida de Maduro de un cargo que, según estas resoluciones, estaría usurpando.

“La realidad de nuestra visita es explicar al pueblo, a las autoridades chilenas, el trabajo que hemos venido haciendo en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela; una herramienta de lucha para rescatar la libertad y la democracia”, afirma a “El Líbero”.

También se pronuncia sobre las declaraciones del Presidente Sebastián Piñera, quien dijo -al cierre de su gira por Europa- que si una visita suya fuese útil para ayudar al pueblo venezolano a recuperar su libertad “la haría sin duda”, aunque primero habría que sopesarlo con el Grupo de Lima. A esto el juez responde: “Maduro no es Presidente de Venezuela. Incluso Chile lo ha desconocido. La visita que esperamos es para la Venezuela que queremos que Chile nos ayude a construir. Prefiero que el Presidente Piñera visite mi país cuando haya democracia”.

“Estamos pidiendo que no se reconozca a Maduro como Presidente”

El juez se reunió ayer con el canciller Roberto Ampuero y con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito. Además, expuso el caso ante la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

En el encuentro con Brito planteó que en el juicio que siguieron contra Maduro detectaron “la existencia de una red de crimen organizado, que tiene sus fauces en Venezuela, en Cuba, en República Dominicana y en otros países donde hay un lavado de dólares, de dinero corrupto que emigra a otros países con la finalidad de controlar algunas campañas electorales y, también, algunos espacios de la geopolítica internacional”. En ese sentido, el venezolano mostró la necesidad de estudiar la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Hemos señalado la importancia de que se reconozcan nuestras sentencias, en especial en la que condenamos a Maduro a 18 años de prisión. Este juicio lo convierte en un delincuente y, como consecuencia, fue destituido del cargo. Por lo tanto, estamos pidiendo a la comunidad internacional que no reconozca a Nicolás Maduro”.

La agenda de Martín en su primer día oficial en Chile estuvo copada. Su primera reunión fue con el canciller Ampuero. A él le agradeció por la receptividad que ha mostrado Chile con los migrantes venezolanos, cuyo éxodo, asegura, “tiene todos los visos de un desplazamiento forzado de personas, lo que constituye también un delito de lesa humanidad, previsto en el Estatuto de Roma”.

Por primera vez en la historia de la Corte Penal Internacional, un grupo de Estados Partes del Estatuto de Roma, encabezados por Chile, denunciaron a las autoridades de otro Estado Parte, por lo que en la reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores se abordó lo inédito del proceso, así como de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU -que por primera vez se pronunció sobre Venezuela- que exhorta al Gobierno a que acepte asistencia humanitaria y a cooperar con la Oficina del Alto Comisionado.

“Hemos señalado, también, la importancia de que se reconozcan nuestras sentencias, en especial, en la que condenamos a Maduro a 18 años de prisión. Este juicio lo convierte en un delincuente y, como consecuencia, fue destituido del cargo. Por lo tanto, estamos pidiendo a la comunidad internacional que no reconozca a Nicolás Maduro sino como una persona que viene ejerciendo ilegalmente la Presidencia y que no representa a los venezolanos. Invocamos el principio internacional del deber de ayudar para lograr salir de la crisis humanitaria y del régimen tiránico”, alega Martín.

El magistrado pidió al canciller hacerse eco de esta situación jurídica para que más gobiernos “desconozcan al régimen que tanto daño le ha hecho a Venezuela y que avive las armas de la comunidad internacional, por la vía diplomática y por la vía de las convenciones internacionales, para coadyuvar con la salida de este régimen”. Ante esto, Ampuero habría respondido, comenta el abogado, que “dentro del Grupo de Lima están revisando opciones para la salida diplomática de la crisis venezolana, cosa que, por supuesto, le agradecemos”.

“Nosotros somos la autoridad judicial legítima en Venezuela”

En Venezuela existe un debate jurídico en torno a la funcionalidad del TSJ en exilio, considerando que, en principio, estarían administrando la justicia fuera del territorio y, luego, ante las dificultades para hacer valer sus dictámenes. No obstante, el pasado 4 de octubre el Congreso chileno reconoció la legitimidad de esta instancia con 86 votos a favor.

“Nosotros somos la autoridad judicial legítima en Venezuela. Tenemos reconocimiento porque fuimos designados por la Asamblea Nacional venezolana y también tenemos reconocimiento del país y del pueblo. En el caso específico del Congreso chileno lo vemos con mucho agrado, con humildad y como un gran compromiso para continuar luchando por la libertad de Venezuela”, acota.

Subraya que a partir de la sentencia en contra de Maduro ahora corresponde a los organismos de seguridad cumplir con la decisión.

Tenemos reconocimiento porque fuimos designados por la Asamblea Nacional venezolana y también tenemos reconocimiento del país y del pueblo”.

Ante las críticas por las renuncias de algunos magistrados explica: “Nosotros estamos luchando contra un régimen muy fuerte. Fuimos juramentados 33 magistrados, de los cuales 3 fueron detenidos y no conocemos su situación. Quedamos 30 magistrados, de esos solo tres han manifestado su retiro. Se nombró una comisión que va a revisar esta situación, pero seguimos teniendo un número importante para sesionar en plenaria y cada una de nuestras salas están conformadas”.

Cuenta que no ha solicitado aún una reunión con Michelle Bachelet, pues su nombramiento como Alta Comisionad de DD.HH. es muy reciente. Sin embargo, esta semana sí tendrá reuniones con la Asociación de Magistrados de Chile y con la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Mañana inaugurará el programa de “Preparación de jóvenes para la transición democrática de Venezuela”, que busca capacitar a venezolanos residentes en Chile en diferentes materias como recuperación económica, derechos humanos, transiciones y fortalecimiento de la sociedad civil.