El gobierno italiano, encabezado por Giorgia Meloni, ha implementado medidas más estrictas para abordar la ocupación ilegal de inmuebles, imponiendo penas de prisión que oscilan entre 2 y 7 años. Esta acción surge como respuesta a la promesa electoral de Meloni de instaurar “orden” y garantizar una mayor seguridad, especialmente para los ciudadanos de la tercera edad que a menudo son víctimas de fraudes inmobiliarios.

La iniciativa legislativa busca castigar a aquellos que ocupen propiedades sin poseer un título de propiedad, recurriendo a amenazas y violencia. En caso de tal ocupación ilegal, la justicia italiana entrará en acción, y se tomarán medidas inmediatas para la recuperación del espacio.

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Giorgia Meloni subrayó que la legislación no solo se centra en las ocupaciones ilegales de viviendas, sino que también incluye penalizaciones para aquellos que bloqueen carreteras. En este sentido, quienes obstruyan el tráfico enfrentarán penas de al menos 2 años de prisión, junto con multas que podrían ascender hasta 1.500 euros.

Este enfoque integral del gobierno italiano busca abordar de manera contundente los desafíos relacionados con la ocupación ilegal, al tiempo que se establece una clara respuesta a las acciones que afectan la movilidad y la seguridad ciudadana. La implementación de estas medidas refleja el compromiso del gobierno de Giorgia Meloni de cumplir con las expectativas electorales y fortalecer la seguridad y la legalidad en el país.

Entre otras medidas, anunció acciones contra los carteristas y contra quienes emplean a menores en la mendicidad, especialmente en el metro y estaciones. Igualmente, castigarán a quienes participen y/u organicen disturbios en las cárceles.