El Senado de Puerto Rico aprobó una medida que establece nuevos topes en el costo de las viviendas asequibles o de interés social. La medida, que ahora pasa a La Fortaleza para la firma del gobernador, atiende el aumento en los costos de construcción, los límites de ingresos para cualificar y respeta que los nuevos topes no afecten el valor de las propiedades y el mercado de viviendas en Puerto Rico.
El nuevo modelo establece topes de $170,000 para viviendas en suelo rústico de municipios de menor densidad poblacional, $175,000 para viviendas en suelo urbano que no sea centro urbano de municipios de menor densidad poblacional, $180,000 para viviendas ubicadas en centro urbano de municipios de menor densidad poblacional y $190,000 para viviendas ubicadas en suelo urbano de municipios de mayor densidad poblacional.
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Diálogo entre Senado, Vivienda, Constructores y Bancos
El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, destacó que la medida es el resultado de un proceso de análisis y diálogo con el secretario del Departamento de la Vivienda, la Asociación de Constructores de Hogares y la Asociación de Bancos. “Se descartó el modelo propuesto de una fórmula a base de un índice de costos de construcción, pues el mismo no incluye a Puerto Rico en el análisis. De igual forma, se descartó el modelo vigente que establece una compleja fórmula para determinar el tope de las viviendas de interés social”, explicó Dalmau Santiago.
El presidente del Senado también indicó que la medida obliga al Departamento de Vivienda a gestionar una revisión urgente de los límites de ingresos determinados para el programa de asistencia al comprador. De esta forma, un número mayor de familias e individuos podrán ser elegibles para el programa.
“Con este esfuerzo más familias, incluyendo jóvenes profesionales, tendrán acceso a un mercado de viviendas con ayuda para adquirir su vivienda principal”, expresó Dalmau Santiago.
La medida es una respuesta a la necesidad de aumentar el acceso a la vivienda asequible en Puerto Rico. El aumento en los costos de construcción y los límites de ingresos para cualificar han hecho que sea cada vez más difícil para las familias puertorriqueñas adquirir una vivienda. La nueva medida busca atender estas necesidades y hacer que la vivienda sea más accesible para todos.