La medida de supresión del outsourcing (subcontratación) propia de los gobiernos socialistas que propone México estará centrada en ajustar ciertos puntos de las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, dijo que “esta figura está relacionada con varios elementos que perjudican a los trabajadores, no solo en la mano de obra, sino también en el pago de reparto de utilidades, en la antigüedad, en la estabilidad en el empleo”.
Alcalde expresó que además buscan reformas a Ley Federal del Trabajo y leyes fiscales, con el fin de “acabar con los abusos de esta figura”.
A finales de octubre, el presidente de México, Andrés López Obrador (AMLO), informó que enviaría al Congresos una propuesta para eliminar el outsourcing.
En su criterio, bajo esta figura se abusa de los trabajadores y se encubren actos de corrupción.
“Se abusó. Son las llamadas reformas estructurales, que no se hicieron pensando en beneficiar los trabajadores, no se hicieron pensando en beneficiar al pueblo: se hicieron pensando en beneficiar a un grupo, a una minoría”, indicó.
AMLO recordó que la subcontratación ha permitido la evasión de 1000 millones de dólares en impuestos (21 000 millones de pesos).
Al menos, en México, unas 4.5 millones laboran con este esquema, que según el director jurídico de Manpower, Jaime Bustamante, aporta de manera legal 238.6 millones de dólares anuales a rubros como la seguridad social y derechos a la vivienda de los trabajadores.
