El futuro de la candidata derechista Keiko Fujimori oscila entre el sillón presidencial y el banquillo de los acusados a medida que se acerca el resultado final del reñido balotaje que la enfrentó al izquierdista Pedro Castillo, cuyo conteo oficial tiene en vilo a Perú.
La hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) parecía cada vez más cerca de la derrota con 98,3% de mesas de sufragio escrutadas, que le daban 49,7% de votos versus 50,2% a su oponente.
La esperanza de revertir el resultado desfavorable a través de impugnaciones a algunas mesas es una de las últimas cartas a su alcance, dijo a la AFP una fuente de su entorno.
La paradoja es que a medida que se aleje la posibilidad de ser la primera presidenta mujer de Perú, va creciendo la amenazante sombra de un juicio por presunto lavado de activos en un caso vinculado al escándalo Odebrecht, que puede condenarla a 30 años y 10 meses de prisión a pedido del fiscal.
“Hay mucho en juego si ella pierde, pues deberá evaluar si se retira y se vendrá el juicio. Temo que el fujimorismo se va a desmembrar”, dijo a la AFP, el analista Augusto Álvarez, columnista del diario La República.
De ganar la presidencia, Fujimori tendrá inmunidad y solo podría ser juzgada una vez que termine su mandato de cinco años.
Ello no impedirá iniciar el juicio, en el cual figura también su esposo, el estadounidense Mark Vito Villanella, para quien se solicitó 22 años y 8 meses de prisión.
La fecha para iniciar el juicio oral está atada al desenlace electoral, según fuentes judiciales.
“La disyuntiva entre sillón presidencial o banquillo de acusada es complicada porque el sistema judicial no es muy confiable, sobre todo si hay un gobierno extremista en el poder que va a hacer presión para lograr una condena injusta”, dijo a la AFP Fernando Rospigliosi, asesor en seguridad durante la campaña.
La fiscalía ha pedido incluso disolver al partido fujimorista, Fuerza Popular, en caso de que un tribunal condene a la líder derechista.
Fuerza Popular alcanzó 24 escaños de un total de 130 en el Congreso, que entrará en funciones el 28 de julio entrante.
“Ya sabemos lo que ocurre en América del Sur, ya vimos lo de Venezuela, capturan todo el sistema”, añadió al cuestionar la autonomía del sistema judicial.
Bajo presión
La primogénita del expresidente Alberto Fujimori, de 46 años, casada y con dos hijas adolescentes, pudo postular pese a tener en el zapato la piedra de una acusación de la fiscalía por recibir presuntamente dinero ilegal de la constructora brasileña Odebrecht para sus campañas de 2011 y 2016, cargos que ella niega.
La ley peruana impide postular a cargos públicos a quienes están sentenciados judicialmente, pero no a aquellos bajo investigación de la fiscalía.
Ella ya pasó 16 meses en prisión preventiva en el marco de este caso, hasta que salió de prisión en mayo de 2020 bajo la pandemia y un juzgado le dictó impedimento de viajar fuera de Perú.
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La cárcel y la crisis que golpeó a su monolítico partido Fuerza Popular por el escándalo Odebrecht la habían debilitado. Pero logró recuperarse para este polarizado balotaje ante el izquierdista Pedro Castillo.
“Estamos en una semana crucial, con todo jugado. Ha sido una lección traúmatica para Keiko Fujimori, sin duda”, abundó Augusto Alvarez.
La fiscalía que se prepara para llevarla a juicio anunció el 11 de marzo que pediría condena de 30 años y 10 meses de prisión por los presuntos delitos de lavado de dinero y obstrucción a la justicia, entre otros.
En mayo el juez Víctor Zuñiga le denegó un permiso para vijar a Ecuador a una conferencia internacional sobre la democracia invitada por el Nobel de literatura peruano, Mario Vargas Llosa.
El escritor respaldó su candidatura considerándola como el “mal menor” ante el peligro de que Castillo convierta a Perú al socialismo estilo Venezuela.
El juez indicó que le negó el permiso para reducir el “riesgo de fuga”, que la fiscalía teme.
Odebrecht y Fujimori
Tras 28 meses de investigación con ramificaciones en Perú y Brasil, la fiscalía peruana concluyó que Keiko Fujimori financió sus campañas de 2011 y 2016 con dinero de Odebrecht que no declaró.
El fiscal del caso, José Domingo Pérez, ha acusado a otras 41 personas por presuntos delitos de “crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia, falsa declaración en procedimiento administrativo”.
La fiscalía obtuvo a fines de 2019 una declaración de un exejecutivo de Odebrecht, Luiz Eduardo da Rocha Soares, quien habría confirmado el aporte de un millón de dólares de la empresa para la campaña de la líder de Fuerza Popular en 2011.
