La justicia rusa ordenó este lunes la suspensión de las actividades de las organizaciones vinculadas al opositor detenido Alexéi Navalni, que podrían ser declaradas “extremistas” y prohibidas de manera definitiva.

El activista anticorrupción y enemigo de Vladimir Putin, de 44 años, puso fin el viernes a su huelga de hambre en prisión tras 24 días, al empeorar su estado de salud.

El presidente francés Emmanuel Macron expresó el lunes su “grave preocupación por el estado de salud de Navalni”.

En paralelo, la fiscalía de Moscú anunció en un comunicado que había suspendido las actividades de las 37 oficinas de Alexéi Navalni en Rusia, a la espera del resultado del juicio por “extremismo” contra estas estructuras.

Podrían ser reconocidas como “extremistas”

En el marco de este juicio, el lunes se celebró una primera audiencia preliminar a puerta cerrada y otra está prevista para el jueves, informó el tribunal municipal de Moscú.

Si las estructuras de Navalni son reconocidas en Rusia como “extremistas”, entrarían en la misma categoría que los grupos yihadistas Estado Islámico y Al Qaeda.

La fiscalía de Moscú dijo que había solicitado la suspensión del Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK), la organización insignia de Navalni, que está detrás de sus investigaciones sobre el estilo de vida de las élites rusas.

“Simplemente gritan: tenemos miedo de sus actividades, tenemos miedo de sus manifestaciones, tenemos miedo de sus consignas de voto”, dijo en Twitter el director del FBK, Ivan Jdanov.

Alemania, que, al igual que otras muchas capitales occidentales, exige la liberación de Navalni, condenó la decisión por considerarla “incompatible con los principios del Estado de Derecho”. 

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Por su parte, la oenegé Amnistía Internacional dijo que era “un ataque cínico de una audacia y magnitud sin precedentes”. “El objetivo es claro: aplastar el movimiento de Alexéi Navlani mientras languidece en prisión”. 

Por su lado, la oficina de Navalni en Moscú indicó en Telegram que ya no podía “trabajar bajo el viejo formato”, a raíz de esta decisión judicial.

“Sería demasiado peligroso para nuestros empleados y para nuestros seguidores”, afirmó, prometiendo que “continuarán a título personal luchando contra la corrupción” y el Kremlin.

Amenaza de prisión

La fiscalía rusa pidió a mediados de abril calificar de “extremistas” a las organizaciones vinculadas con Navalni, lo que llevaría a su prohibición en Rusia y significaría duras penas de prisión para los colaboradores y seguidores del opositor.

La fiscalía acusa a estas organizaciones de buscar “crear las condiciones de la desestabilización de la situación social y sociopolítica” en Rusia, “encubriéndose en eslóganes liberales”.

“Los objetivos reales de sus actividades son crear las condiciones para cambiar los fundamentos del orden constitucional”, estimó la fiscalía el 16 de abril.

El término “extremismo” tiene una definición muy amplia en la ley rusa, lo que permite a las autoridades luchar contra organizaciones de oposición, grupos racistas o terroristas, así como contra movimientos religiosos como los Testigos de Jehová.

El FBK de Navalni realizó en enero pasado su investigación más importante en la que acusó al presidente Putin de tener un opulento “palacio” al borde del mar Negro. El video fue visto más de 11 millones de veces en YouTube y obligó a Putin a desmentir en persona la acusación.

A principios de abril, un tribunal ruso condenó a dos años de prisión efectiva a un colaborador de Navalni que trabajaba para el FBK, Pavel Zelenski, por la publicación de dos tuits en los que criticaba con violencia a las autoridades y que fueron juzgados como “extremistas”.

Los locales de las organizaciones de Navalni y los domicilios de sus colaboradores fueron objeto de operativos policiales en varias ocasiones en los últimos años. La oposición denunció una persecución judicial destinada a hacerla callar.