Una jueza federal detuvo temporalmente el intento de la administración del presidente Donald Trump de suspender la financiación federal, un movimiento que generó caos y pánico en varias partes del gobierno estadounidense y de la sociedad civil. La decisión, emitida el martes por la jueza de distrito Loren L. AliKhan, bloqueó la congelación de fondos pocos minutos antes de que entrara en vigor y se aplicará únicamente a los programas existentes. La orden estará en vigor hasta el lunes por la tarde, mientras se evalúa el caso.
El plan de la administración Trump, que busca realizar una revisión ideológica de los fondos federales, provocó incertidumbre y confusión tanto entre funcionarios públicos como entre los ciudadanos. La propuesta tenía como objetivo frenar el financiamiento a diversas iniciativas progresistas, en línea con la agenda del presidente republicano de recortar las protecciones para las personas transgénero, eliminar esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión, y promover la producción de combustibles fósiles.
Funcionarios de la Casa Blanca defendieron la medida, argumentando que la pausa era necesaria para asegurar que el gasto se alineara con una serie de órdenes ejecutivas de Trump. Entre estas, se incluían la reducción de programas vinculados a la diversidad y la inclusión en las agencias federales, además de la reorientación de recursos hacia áreas prioritarias de su gobierno. Sin embargo, la falta de claridad en la comunicación del gobierno generó una oleada de preguntas e incertidumbre, dejando a los legisladores, funcionarios locales y ciudadanos sin saber qué programas específicos se verían afectados.
A pesar de los esfuerzos por aclarar los alcances de la medida, el memorando de la Oficina de Administración y Presupuesto fue vago y poco detallado. Los funcionarios de la Casa Blanca aseguraron que programas vitales, como Medicare, Medicaid, Seguro Social, préstamos estudiantiles y cupones de alimentos, no se verían afectados por la congelación. Sin embargo, muchos otros programas de asistencia, que afectan a comunidades locales y organizaciones sin fines de lucro, quedaron en el aire.