Un informe de la Oficina del Inspector General (OIG) reveló fallas administrativas en el programa de instalación de paneles solares gestionado durante el pasado cuatrienio por el Departamento de la Vivienda, lo que resultó en pagos a empresas instaladoras sin que estas cumplieran con los requisitos establecidos.
Según la OIG, la auditoría descubrió que se procesaron pagos a compañías sin verificar que cumplían con los criterios del Programa de Instalaciones Comunitarias para la Resiliencia Energética y Abastecimiento de Agua (CEWRI-HH), lo que podría haber derivado en asignaciones indebidas de fondos.
Según Metro PR, el informe encontró expedientes incompletos de solicitantes, que carecían de documentos esenciales como identificaciones oficiales, pruebas de titularidad y certificaciones técnicas, lo que impidió verificar si los beneficiarios cumplían con los requisitos del programa. Como resultado, se cuestionaron costos por un total de 129,750.86 dólares.
La OIG también señaló que cuatro empresas contratadas para la instalación de los sistemas de energía no contaban con la documentación requerida, como registros en el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), certificaciones fiscales del Departamento de Hacienda, inscripción en el Sistema de Administración de Adjudicaciones (SAM) del Gobierno Federal, ni certificaciones de cumplimiento con las regulaciones estatales y federales. A pesar de esto, el Departamento de la Vivienda procesó pagos que suman cerca de 1.1 millones de dólares a estas empresas.
El informe también identificó retrasos en la ejecución del programa. En varios casos, los solicitantes aprobados no recibieron una notificación formal dentro del plazo de 90 días establecido en las guías del programa. Además, hubo demoras en las inspecciones finales, las cuales debían completarse 45 días después de la instalación del sistema.
