En Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú se han registrado más de 1.600 casos de sarampión en 2018. En Brasil, además, ocurrieron 2.576 episodios de malaria en 2017. Todos ellos tuvieron en común que, como se ha establecido, habían sido importados de Venezuela o, en cuanto al sarampión, vinculados genéticamente con el virus que circula en el país.
La emigración venezolana ha llevado más allá de las fronteras las consecuencias del resquebrajamiento del sistema asistencial venezolano, al hacer evidente la actividad de enfermedades transmisibles que se daban por controladas en la región. La emergencia, si alguien se atiene a lo que señala un documento de la Organización Panamericana de la Salud, discutido hace poco en el consejo directivo de ese organismo, parece haber aparecido repentinamente: “Se han registrado brotes de difteria, sarampión y malaria que se han propagado con rapidez, afectando a muchos de los 23 estados del país y el Distrito Capital al mismo tiempo”, indica el texto que describe la crisis, bautizado con el rebuscado título de “Respuesta de la OPS para mantener una agenda eficaz de cooperación técnica en Venezuela y en los Estados miembros vecinos”.
La médica Marianella Herrera, presidenta del Observatorio Venezolano de la Salud, señala en cambio que la emergencia humanitaria venezolana ha sido de instalación lenta y progresiva, pese a que la OPS, así como otros organismos internacionales, parecen sorprenderse ahora por la magnitud del deterioro sanitario, que se expresa en cifras como los 1.217 casos y 168 muertes causadas por la difteria en los últimos 3 años; los 4.272 episodios de sarampión contabilizados desde 2017 o los 406.289 casos de malaria registrados solo el año pasado.
Los datos se conocen porque los difunde la propia OPS, pues no hay una fuente oficial venezolana que los dé a conocer. “Tal pareciera que los silencios epidemiológicos impuestos por las autoridades venezolanas cumplen el papel de ocultar la información para que no se sepa la verdad que permita tomar las medidas necesarias cuando hay un problema público de salud”, apunta Herrera.}
