La tarde del lunes 31 de octubre, prácticamente un solo tema acaparó  la atención de la prensa venezolana: el régimen de Nicolás Maduro  emitió indultos para 110 presos y perseguidos políticos.

La extensa mayoría de los “beneficiados” forman parte de la dinámica político-partidista del país, principalmente diputados de la Asamblea Nacional, pero también se incluyeron, por ejemplo, los nombres de Rúben González, líder sindical de Guayana, y Nicmer Evans, periodista y director del medio Punto de Corte.

Sin embargo, desde el momento en que Jorge Rodríguez  hizo el anuncio llovieron críticas de dirigentes políticos, intelectuales y de la ciudadanía en general, quienes aseguraron que no se trata de un indulto sino de una liberación de rehenes, argumentando que fueron arrestados de forma arbitraria y violando el debido proceso.

Eso para quienes se encontraban en prisión, pues, varios de los nombres incluidos en la lista de “indultados”, no estaban presos, sino exiliados.

Maduro concedió indulto a diputados exiliados y presos políticos

Caso que aplica principalmente para diputados de la Asamblea Nacional como José Guerra, Luis Florido, Américo de Grazia, Richard Blanco, Mariela Magallanes, Freddy Guevara, Tomás Guanipa, entre otros.

No obstante, una de las circunstancias que más ha llamado la atención es la presencia de nombres de varios dirigentes que no tenían procedimientos jurídicos abiertos, como Carlos Parparoni, Henry Ramos Allup, Juan Pablo Guanipa, entre otros.

Joel García uno de los abogados defensores, aseguró que con este mecanismo Nicolás Maduro reconoció la existencia de “presos políticos” en el país.

“La lectura que le puedo dar yo a ese procedimiento efectuado el día de hoy es que están reconociendo que en Venezuela hay presos políticos, y son muchos los presos políticos”, dijo.

García también criticó el uso de la figura de indulto para cesar sus causas, puesto esta solo “procede cuando una persona es condenada”, una situación en la que no estaba la mayoría de los amnistiados este lunes.

“Perdonarlos implica que ellos cometieron un hecho, cuando debidamente la figura jurídica que cabía era el sobreseimiento de la causa (…) y en el caso de mis defendidos, Roberto Marrero y Demóstenes Quijada, ellos no han cometido delito alguno”, explicó.

Por otra parte, analistas afirman que la decisión de indultar a opositores, “persigue como objetivo número uno la legitimación” de los comicios para elegir una nueva Asamblea Nacional.

El analista Félix Seijas, de la firma Delphos, dijo a la AFP que Maduro “está cediendo en una de las demandas de siempre de la oposición en negociaciones” anteriores, como las auspiciadas por Noruega.

“Ahora, quizás, veremos la habilitación de algunos líderes políticos”, remarcó Seijas, quien considera que con este paso, el líder socialista busca “promover la participación de factores opositores de peso”.

Para Rafael Álvarez Loscher, director de la firma de consultoría Iuriscorp, Maduro busca “oxigenarse” y “tender puentes” con actores fundamentales como la Unión Europea.

Presos políticos, casa por cárcel y perseguidos

El Foro Penal confirmó que de las 110 personas “beneficiadas” con el decreto de Maduro, solo 50 mantenían el estatus de presos políticos al momento del decreto.

Mientras tanto, otras 16 habían sido excarceladas previamente con medidas sustitutivas de privación de libertad, mejor conocidas como “casa por cárcel”; y otras 7 ya gozaban de libertad plena. Así lo detallaron los directores del Foro Penal, Alfredo Romero y Gonzalo Himiob.

Agregaron que los otros  37 “indultados” se consideran perseguidos políticos, ya que había procedimientos en su contra, pero no estaban arrestados ni en procesos.

Siguen encarcelados 336 presos políticos

Dicha organización contabilizaba hasta el lunes un total de 386 presos políticos, por lo que una vez que se produzcan las 50 liberaciones, el número de arrestados en centros como El Helicoide, La Tumba del Sebin, la Dgcim, Ramo Verde, entre otros, se sitúa en 336, cifra que no incluye a los liberados con medidas cautelares.

Una de las circunstancias que llamó la atención de la opinión pública venezolana es que, pese a la extensión de la lista, no aparecen nombres correspondientes a los presos políticos militares.

Tampoco aparecen los exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana, sentenciados por los hechos del 11 de abril de 2002.

Primeras liberaciones

Previo al mediodía de este martes, 18 de los presos políticos incluidos en el decreto de “indulto”, habían sido puestos en libertad, según el Foro Penal, por lo que restan 32 excarcelaciones.