En medio de una hiperinflación que estima extenderse hasta finales de año e inicio del 2021, Venezuela anunció una serie de medidas en aras de proteger la moneda local, “ante los especuladores cambiarios” que “desvirtúan la economía nacional”, informó Delcy Rodríguez, vicepresidenta Ejecutiva de la administración de Nicolás Maduro.

Los límites de transacciones electrónicas bancarias y tarjetas de débito fueron aumentados entre personas naturales y jurídicas, con la posibilidad de actualización constante, para que quienes “tengan recursos en bolívares” puedan utilizarlos sin inconvenientes.

Entre las medidas que adoptará el país está aquella relacionada con el intercambio de divisas dentro de una entidad bancaria, cuya tasa transaccional será superior al del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras de las operaciones en bolívares.

En ese sentido, habrá una reforma de ley, que consiste en ampliar la red de aliados comerciales (casas de cambio) con capacidad para realizar operaciones cambiarias de divisas a moneda nacional, dijo Rodríguez en Twitter.

Sin embargo, ¿qué consecuencias traerá la medida de ampliar un arancel mayor a las transacciones financieras en divisas?

Dentro de esas transacciones están las remeses, método que usan muchos venezolanos en el exterior para que sus parientes en el país puedan lidiar con la hiperinflación galopante.

Especialistas consideran que la medida adoptada por el régimen de Maduro será catastrófica, por cuanto la mayoría de las remeses que entran al país vienen por vías ilegales, mediante plataformas con opciones de abrir una cuenta y hacer la transacción.

El porcentaje de remesas que llegan a Venezuela respetando los canales regulares es mucho menor y, si se le obliga a pagar un impuesto superior, habrá un incentivo de los métodos ilegales de envío de dinero al país, provocando una disminución de las transacciones legales.

Esa no es la solución, se leyó en algunos comentarios de Twitter, pues el Estado venezolano está en la obligación de verificar que las plataformas de envío de divisas cumplan con las leyes nacionales.

De llegarse a concretar la medida, castigaría a aquellas instituciones financieras que prestan el servicio de envío de remesas cumpliendo con los reglamentos estatales.

A la espera de indicaciones

El Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) se recauda en Venezuela desde febrero de 2016 y en la actualidad es del 2%, por lo que se esperan las indicaciones a ser publicadas en Gaceta Oficial.

El licenciado en ciencias fiscales, consultor y auditor tributario, Héctor Orochena, dijo en Twitter que “a la única válvula de escape a la precaria situación económica en Venezuela le pondrán una llave de paso tributaria”.

Orochena aseguró que todo dependerá de la implantación de esta “desafortunada medida”.

Por su parte, el abogado José Andrés Octavio, con especialidad en derecho tributario, señaló que la tasa Tobin o ITF (por Impuesto sobre las Transacciones Financieras)​ es “para gravar unas operaciones que se realizan mayoritariamente fuera del sistema financiero. No se extrañen si el impuesto viene acompañado de una serie de presunciones y ficciones sobre lo que debe considerarse como adquisición de divisas”.

Otros analistas se unieron a las observaciones que surgieron tras el anuncio de Rodríguez.

Leonardo Palacios, profesor universitario y abogado tributarista, indicó que la vicepresidenta “amaneció creativa” ese día”.

Considera que el impuesto a las transacciones financieras en divisas, “deben tener formas armonizadas de exclusión o de imputación del regresivo Impuesto a las Grandes Transacciones”.