viernes, noviembre 22, 2024
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Imponen moratoria a ejecuciones federales y ordena revisión de pena capital

El fiscal general, Merrick Garlad, exigió una revisión profunda de los procedimientos para ejecutar a los reos condenados a pena capital

El Departamento de Justicia anunció una moratoria sobre las ejecuciones federales, al denunciar su arbitrariedad e impacto desproporcionado en las personas de color.

Merrick Garland, secretario de Justicia, ordenó una moratoria sobre todas las ejecuciones a nivel federal, mientras que su cartera “revisa sus políticas y procedimientos sobre la pena capital”.

“Se han planteado serias preocupaciones sobre el uso continuo de la pena de muerte en el país”, dijo Garland en un comunicado.

“En particular, el carácter arbitrario de su aplicación, su impacto desproporcionado en las personas de color y la preocupante cantidad de exenciones en casos de pena capital y otros casos graves”, detalló.

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La medida de Garland incluirá una revisión coordinada por la Oficina de Política Legal del Addendum al Protocolo Federal de Ejecución, adoptado en 2019, que evaluará, entre otras cosas, el riesgo de dolor y sufrimiento asociado al uso de pentobarbital.

Una revisión coordinada por la Oficina de Política Legal para considerar los cambios a las regulaciones del Departamento de Justicia realizados en noviembre de 2020 que expandieron los métodos de ejecución permitidos más allá de la inyección letal y autorizaron el uso de instalaciones y personal estatales en ejecuciones federales.

Y una revisión de las disposiciones sobre casos de pena capital del Manual de Justicia, incluidos los cambios de diciembre de 2020 y enero de 2021 para acelerar la ejecución de las sentencias capitales, explicó la oficina del fiscal general.

Mientras estén pendientes las revisiones, no se programarán ejecuciones federales.

El presidente Joe Biden, ha mantenido públicamente una postura de oposición a la pena de muerte.

Hasta julio de 2020, el Gobierno federal no había llevado a cabo ninguna ejecución en 17 años.

Entonces, el Gobierno de Donald Trump revivió la práctica y realizó ejecuciones a un ritmo sin precedentes, pese a la disminución de la pena de muerte en Estados Unidos y en todo el mundo.

En total, 13 condenados fueron ejecutados hasta enero, cuando Trump dejó la Casa Blanca.

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