El Grupo de Lima manifestó este martes que le exige al gobierno de Nicolás Maduro a realizar una investigación “inmediata, imparcial e independiente”, con aval internacional, para esclarecer los hechos y circunstancias que han ocasionado el terrible deceso del concejal de Primero Justicia, Fernando Albán.
Mediante una comunicado de prensa firmado por los once países que conforman el grupo, refrenda su condena a “la violación sistemática de los derechos humanos” de los presos políticos en Venezuela.
Los gobiernos de Estados Unidos, España, Francia, Reino Unido, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Santa Lucía también se han pronunciado sobre este caso. Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) solicitan una investigación sobre la muerte de Albán.
A continuación el comunicado integro:
Los gobiernos de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Santa Lucía, integrantes del Grupo de Lima, expresan su profunda preocupación por la trágica muerte del concejal venezolano Fernando Albán, del partido Primero Justicia, ocurrida este lunes 8 de octubre en circunstancias aún no esclarecidas, quien se encontraba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en Caracas, bajo custodia de las autoridades venezolanas desde el 5 de octubre pasado.
El Grupo de Lima urge al gobierno de Venezuela a realizar una investigación inmediata, imparcial e independiente, con aval internacional, para esclarecer los hechos y circunstancias que han ocasionado este terrible deceso y adoptar las medidas que correspondan.
Asimismo, refrendan su condena a la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la persecución política y la existencia de presos políticos; al tiempo que reiteran su decisión de seguir realizando todos los esfuerzos diplomáticos posibles dirigidos a contribuir a la restauración de la institucionalidad democrática, el respeto de los derechos humanos, y a la plena vigencia del estado de derecho en Venezuela.
