El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, anunció el desembolso de $15 millones para la primera fase del proyecto que provee resiliencia energética a los proveedores de servicio de internet y telecomunicaciones a través de toda la Isla y que forma parte de la iniciativa conocida como Smart Island.
El objetivo de la iniciativa es mejorar el acceso a internet y a las telecomunicaciones en Puerto Rico, incluyendo internet de alta velocidad por toda la Isla, infraestructura de banda ancha en plazas públicas y centros de servicios al ciudadano, y resiliencia en el servicio de telecomunicaciones. La asignación de $158 millones por parte del Departamento del Tesoro para la implementación de proyectos de banda ancha y conectividad de telecomunicaciones alrededor de toda la Isla también fue anunciada recientemente por el gobernador.
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Los fondos asignados serán provistos a diez proveedores de internet de toda la Isla para que puedan adquirir generadores eléctricos, placas solares y baterías, y así logren asegurar el servicio sin interrupciones en caso de una emergencia. Los proyectos seleccionados son de rápida implementación, con el fin de tener un resguardo de energía alterna para su infraestructura de telecomunicaciones y minimizar la pérdida de conectividad de internet y telecomunicaciones en la Isla.
Gobernador quiere mantener a las comunidades conectadas
El Gobernador destacó la importancia de priorizar el desarrollo de energía e infraestructura resiliente para garantizar que la red energética y la de telecomunicaciones puedan resistir los desafíos que se presenten, con el objetivo de mantener a las comunidades conectadas, informadas y seguras. La iniciativa Smart Island busca mejorar la conectividad, la calidad del servicio, la accesibilidad y el conocimiento en Puerto Rico.
El director del Programa de Banda Ancha de Puerto Rico, Enrique Völckers Nin, explicó que los proveedores de internet seleccionados incluyeron detalles sobre el diseño y la instalación de los proyectos que puedan proporcionar energía ininterrumpida a las instalaciones de telecomunicaciones, así como sus sistemas de almacenamiento y distribución de combustible con una capacidad mínima de 10 días de operaciones continuas.
