Unos $720 millones en fondos se aprobaron para el desarrollo de 20 proyectos de energía bajo el Programa de Fiabilidad y Resiliencia de la Energía Eléctrica (ER2, en inglés), anunció este lunes el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi.
El programa financia proyectos que abarcan generación centralizada de energía, fuentes de energía distribuida, microrredes y tecnologías habilitadoras para la integración de renovables o recursos de energía distribuida.
“Esta subvención proveerá un 100 por ciento de financiamiento para proyectos de entidades públicas y un 60 por ciento para proyectos de entidades privadas. El requerimiento de propuestas, que se publicó en agosto del año pasado y cerró en enero de este año, recibió 107 propuestas para proyectos de generación eléctrica centralizada, para generación distribuida y microrredes, y para tecnología facilitadora. Durante los pasados meses, el Departamento de la Vivienda estuvo evaluando las propuestas de proyectos bajo los estrictos requisitos del programa CDBG-DR, así como el alcance y beneficio que representan para las comunidades que sirven, el avance del desarrollo de cada propuesta, su impacto en la recuperación y otros aspectos importantes. Las entidades escogidas suman 20, las cuales impactan 124 localidades”, expresó Pierluisi junto al secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez,.
Los proyectos seleccionados incluyen: tres provienen de entidades públicas o municipales, 15 de entidades privadas con fines de lucro, una de una entidad privada sin fines de lucro y otra de una organización no gubernamental.
Las propuestas seleccionadas representan una subvención total de alrededor de $720 millones. De la cantidad estimada de inversión de los fondos CDBG-DR, $71.4 millones serán utilizados para proyectos municipales, $634 millones para entidades privadas con fines de lucro, $9.4 millones para la entidad privada sin fines de lucro y $4.9 millones para la entidad no-gubernamental.
Los proyectos preseleccionados recibirán una subvención del 100 por ciento para entidades públicas y del 60 por ciento para entidades privadas.