El viernes 9 de junio fue firmado un nuevo memorando de entendimiento entre El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, y el líder del régimen venezolano Nicolás Maduro, donde se establece la instalación de la oficina del tribunal internacional en ese país.
En su declaración, el fiscal Khan comentó que fueron dos días de intensas reuniones, incluso de madrugada, durante su tercera visita al país y que además pudo ver el lugar donde será instalada la representación de su oficina.
“Vamos a poder venir a Venezuela más seguido y trabajar de forma más cercana (…) para que Venezuela pueda hacer más respecto a sus obligaciones con el Estatuto de Roma”, señaló Khan.
El acuerdo firmado detalla la asistencia técnica y la ayuda que proveerá la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en base a las reformas que le manifestó el gobierno venezolano que quiere implementar.
Un primer memorando se firmó en noviembre de 2021, cuando Khan hizo la primera de sus tres visitas a Venezuela y la CPI decidió abrir una investigación formal por presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en este país caribeño desde 2017, año en el que masivas manifestaciones opositoras reprimidas por militares y policías dejaron más de un centenar de muertos.
El gobierno chavista, a su vez, se comprometía a tomar “medidas” para garantizar “la administración de justicia”.
Piden publicar el acuerdo con la CPI
Tras la noticias, la ONG Provea pidió a través de un comunicado en redes sociales que se haga público el Acuerdo de Entendimiento suscrito entre la CPI y Maduro.
Destacó la necesidad de que la implementación de los acuerdos sea realizada de manera transparente al país porque “está destinado a la elaboración de políticas públicas en materia de justicia”.
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Para la ONG es necesario que la oficina esté abierta a escuchar a las víctimas de crímenes de lesa humanidad y que se evite la intimidación de ellas por parte del aparato estatal venezolano.
El grupo destacó en el texto que las autoridades y sus voceros deben abstenerse de negar la existencia de crímenes de lesa humanidad que no han sido investigados ni las cadenas de mando y la necesidad de adelantar investigaciones y enjuiciamientos penales genuinos.
