El escándalo que se desató en Argentina al descubrirse que políticos y sus familiares lograron “vacunaciones de privilegio” se ha convertido en un golpe más fuerte de lo esperado para el presidente Alberto Fernández.
Por un comentario casual en la radio del periodista, Horacio Verbisky, quien contó el pasado viernes que se vacunó gracias a su amistad con el exministro de Salud, Ginés González García, desató una ola de repudio que se espació como pólvora.
Aunque el mandatario argentino pidió enseguida la renuncia del ministro y decidió luego publicar la lista de los 70 vacunados, las críticas a su gobierno no cesan y Fernández mostró su evidente irritación.
“Terminemos con la payasada: no hay ningún tipo penal en Argentina que diga ‘será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila'”, exclamó Fernández este martes en México, donde se encuentra de visita, al reaccionar a denuncias judiciales y un allanamiento al ministerio de Salud.
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Falta de vacunas
Para el politólogo, Enrique Zuleta, el escándalo transcendió porque además del cuestionamiento ético, el gobierno enfrenta el problema de que hay escasez de vacunas y no hay suficientes para inmunizar a toda la población.
Debido a la falta de las inyecciones, la inoculación de allegados “se convierte en bola de nieve porque se debió focalizar a la población objetivo, lo que quiere decir conocer bien el nivel de responsabilidad y el nivel de gravedad de cada persona a inmunizar”, manifestó Zuleta.
Desde el mes de diciembre Argentina, con 44 millones de habitantes, ha recibido 1,8 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus, de Rusia e India, estas destinadas al personal de salud y a los ancianos. Se espera que en la semana en curso llegue un millón más de China.
Sin embargo, el número de vacunas es inferior a lo que se había anunciado anteriormente, para finales de febrero se esperaba tener al menos 20 millones de dosis de Sputnik V, a las que se sumarían las vacunas de AztraZenaca y las del mecanismo Covax para un total de 50 millones.
