Después de Volkswagen en mayo y Renault el martes, Peugeot fue imputado este miércoles por “fraude” en Francia en la investigación sobre el escándalo del “dieselgate”, desbloqueando así un expediente que llevaba años estancado y que también podría desembocar en la acusación de Citroën y Fiat-Chrysler.

En un comunicado, Stellantis, matriz de Peugeot, anunció la imputación de su filial “por acusaciones de fraude sobre la venta de vehículos diésel Euro 5 que tuvo lugar en Francia entre 2009 y 2015” (dieselgate).

“Nuestras filiales están firmemente convencidas de que sus sistemas de control de emisiones cumplían todos los requisitos aplicables en ese momento y los siguen respetando hoy en día, y esperan con impaciencia la ocasión de demostrarlo”, añadió el grupo.

Una fuente judicial confirmó el miércoles la imputación de Peugeot por el cargo de “fraude que conlleva un peligro para la salud del ser humano o del animal”.

Un informe de la DGCCRF (Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude), transmitido a la justicia en febrero de 2017, mencionaba una “estrategia global destinada a fabricar motores fraudulentos, y después a comercializarlos”.

Según los investigadores, PSA (Peugeot-Citroën) vendió entre septiembre de 2009 y septiembre de 2015 en Francia unos 1,9 millones de vehículos diésel de generación Euro5 (norma en vigor hasta 2015), “cuyo motor funciona según estrategias fraudulentas”.
Ante las infracciones observadas, la DGCCRF calculaba que la empresa incurría en una multa máxima de 5.000 millones de euros (6.000 millones de dólares).

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El dieselgate en París y Berlín

Una suma colosal pero cuatro veces menor que la multa máxima, 19.700 millones de euros (24.000 millones de dólares), evaluada por la DGCCRF para Volkswagen.

El fabricante fue imputado el 6 de mayo por “fraude sobre las cualidades sustanciales de una mercancía que conlleva un peligro para la salud del ser humano o del animal”, informó a la AFP una fuente judicial.

El gigante alemán dio cuenta el miércoles de su imputación en Francia en un comunicado en el que impugna que haya “perjuicio” para los consumidores en este país.

Al mismo tiempo, el expresidente director de Volkswagen Martin Winterkorn fue acusado de falso testimonio en Alemania ante una comisión parlamentaria de investigación sobre este escándalo de motores trucados, según la fiscalía alemana.

El dieselgate, que ha desencadenado acciones legales en muchos países, ya le ha costado a Volkswagen 30.000 millones de euros (36.500 millones de dólares), en gran parte en Estados Unidos, donde el grupo alemán se declaró culpable de fraude en 2017.

En 2015 Volkswagen reconoció haber equipado 11 millones de sus vehículos diésel con un software capaz de ocultar emisiones que a veces superan 40 veces las normas autorizadas. Desde entonces, las ventas de automóviles diésel se han desplomado

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¿Citroën y Fiat?

En Francia, las investigaciones de la DGCCRF también dejaron patente “el carácter deliberado del fraude” de Volkswagen. Afirman que el grupo alemán vendió casi 950.000 vehículos diésel, equipados con el dispositivo fraudulento, en territorio francés.
Volkswagen ya ha impugnado el análisis de los magistrados.

Además de estar imputadas por el dieselgate, todas estas empresas son objeto de un control judicial acompañado de cuantiosas garantías para el eventual pago por daños y multas: hasta 20 millones de euros (24 millones de dólares) para Renault, y fuertes garantías bancarias para indemnizar los posibles perjuicios y hasta 60 millones de euros (73 millones de dólares) para Renault y Volkswagen.

“Todos los elementos parecen confirmar las infracciones cometidas por los distintos fabricantes. Los propietarios de los vehículos perjudicados no entienden que no se celebre un juicio lo antes posible”, reaccionó este miércoles François Lafforgue, abogado de las asociaciones “Ecologie sans frontières”, “Respire” y un centenar de propietarios de vehículos.

El escándalo del “dieselgate” es objeto de diversas informaciones legales en Francia.
Las investigaciones sobre el dieselgate se han visto frenadas durante mucho tiempo por una batalla legal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Fuente: AFP