Hace cerca de dos semanas, el líder del PSUV, Nicolás Maduro, presentó el 30 de septiembre ante la asamblea nacional constituyente una ley antibloqueo para salvar al país.

Según Maduro la presunta ley tiene como objetivo reactivar Petróleos de Venezuela y la economía ante las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos a funcionarios del régimen implicados en hechos de corrupción y violaciones de DD HH. Además, plantea crear una nueva estrategia con el fin de responder a la política de lo que ellos llaman el ”bloqueo”.

Maduro aseveró que el proyecto de ley está respaldado por la encuesta Patria, portal creado para entregar bonificaciones a los venezolanos, según la cual 92% de los venezolanos rechaza las sanciones.

El domingo 4 de octubre, el líder socialista solicitó a la constituyente aprobar pronto el proyecto que consignó. “La ley la necesito, la ey la necesitamos, yo pido un debate a fondo y que corrijan lo que se tenga que corregir; pero Venezuela necesita la ley pronto. Estoy pidiendo una ayuda extraordinaria”, afirmó.

Maduro aseguró en la ONU que sanciones de EE.UU. afectan “estabilidad de Venezuela”

Durante la presentación del documento el mandatario dio una cifras que han sido replicadas por medios de comunicación nacionales e internacionales con preocupación: “entre 2014 y 2019 Venezuela experimentó la más brusca caída de ingresos externos de su historia. En seis años, perdimos 99% del volumen de ingresos en divisas. Dicho de otra manera, de cada 100 dólares o euros que el país obtenía por la venta de petróleo en 2014, hoy obtiene menos de 1 dólar”.

Tomando en cuenta que Venezuela es una nación que en los últimos 100 años ha basado sus ingresos en la venta de petróleo, los números alarman a los ciudadanos con respecto a la economía de los últimos años.

Acá presentamos parte del contenido de la la ley antibloqueo del régimen:

• El diseño de los “mecanismos temporales para acelerar la gestión de sectores económicos, atraer inversiones productivas a gran escala y mejorar el ingreso nacional, flexibilizando, por ejemplo, la participación accionaria del Estado en empresas mixtas”, es una propuesta que colinda con la agenda económica de la dictadura venezolana.
• La gestión eficiente de los activos y los pasivos del país “a fin de aumentar los ingresos de la nación” .
• Creación de marcos de incentivos laborales y tributarios, y fortalecer la estabilidad jurídica para el desarrollo de sectores o áreas productivas específicas. Tomando en cuenta la migración de trabajadores calificados a otros países por la pulverización de los salarios.
• La puesta en marcha de otros mecanismos financieros será impulsada con la potenciación del uso del Petro y otras criptomonedas en el comercio tanto interno como externo.

En el mismo orden de ideas, propone fortalecer y ampliar la red y las políticas de protección social, esto hace referencia sobre todo, a la grave situación sanitaria que vive la nación, al covid-19 y sus efectos colaterales. De igual forma, plantea recuperar, mantener y ampliar la infraestructura pública y los servicios gravemente deteriorados, en algunos estados incluso escasos hasta su máxima expresión.

Se alerta que todas las ramas del Poder Público estarán sujetas a esta ley y deberán contribuir con su aplicación, así como las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas en todo el territorio nacional.

La llamada ley antibloqueo tiene muchos vacíos ya que explica perfectamente cada apartado de interés nacional, más no el cómo se va a avanzar en cada uno.

Cabe destacar que ya existen planes que vienen a complementar lo descrito en el documento, como el relanzamiento de la ”Gran Misión AgroVenezuela” y la comisión presidencial “Alí Rodríguez Araque” directamente vinculada con la reorganización y reimpulso de Pdvsa, las cuales se han presentado en otras oportunidades sin ningún tipo de efecto positivo para el país.

Inconstitucional

Según expertos como Zair Mundaray, consultor jurídico de la Embajada de Venezuela en Colombia designado por el Gobierno interino y Juan Manuel Rafalli, quien también es profesor del Instituto de Estudios Superiores y de Administración, señalan que el documento es inconstitucional y concentra aún más poder en el líder del PSUV, pues permite desaplicar normas, suscribir contratos y cualquier acto o negocio jurídico sin autorización legislativa, solo bajo la lupa de la parcializada (controlada por el chavismo) Contraloría General de la República dirigida por Elvis Amoroso.

Señalan que, además, se crearía un mecanismo de reserva confidencial de documentos, archivos y expedientes, lo cual limita el derecho a la libertad de expresión y fomenta la autocensura.

El secretario general del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Oscar Figuera, se pronunció en rechazo a la ley e hizo una advertencia de que la misma tiene contenidos delicados que apuntan hacia la impunidad.

”Nos parece que tiene un conjunto de contenidos peligrosos, riesgosos. En el buró político se consideró que la ley tiene un conjunto de contenidos que crea las condiciones para que la política de entrega de los bienes públicos se pueda profundizar, incluso bajo un criterio y una concepción de seguridad de Estado en donde si se descubren cosas incorrectas no se puedan denunciar”, expresó el dirigente en una entrevista en el portal Contrapunto.

El político de tendencia chavista exige al presidente de la constituyente, Diosdado Cabello, ”meterle el ojo a fondo a la propuesta. Pudiera estar escondido un as no visible, detrás de un discurso en defensa del pueblo”.

El lunes 7 de octubre, la vicepresidenta nacional del Movimiento al Socialismo (MAS), María Verdeal, también concretó su posición, considerando inaceptable que, a las puertas de unas votaciones para elegir una nueva Asamblea Nacional, el régimen presente a la ANC “una norma supraconstitucional ilegal” con poderes excepcionales para Nicolás Maduro.

Por otro lado, el abogado constitucionalista Allan Brewer Carías califica la ley antibloqueo como una “monstruosidad jurídica”. Afirmó que la ley ”desaplica o suspende” la vigencia del ordenamiento jurídico existente.