La Contraloría General de Venezuela a servicio de la dictadura, inhabilitó el pasado martes, 23 de febrero, al presidente (e) Juan Guaidó y a otros 27 diputados de la AN para ejercer cargos públicos por 15 años.
Esta medida se tomo tras la negativa de los aludidos a presentar una declaración jurada de patrimonio después de dejar sus funciones como legisladores.
El contralor del régimen, Elvis Amoroso, aseguró durante una alocución transmitida por la televisión pública VTV que Guaidó y los otros 27 inhabilitados “algo tienen que ocultar” al negarse a presentar la declaración jurada de patrimonio.
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“Sabemos que estos personajes están involucrados en hechos de corrupción, se han apoderado del dinero de todos los venezolanos”, añadió el funcionario chavista, sin ofrecer detalles profundos sobre el hecho.
“Es oportuno recordar al pueblo venezolano que la declaración jurada de patrimonio es un instrumento moralizador, que constituye un mecanismo de control preventivo en la lucha contra la corrupción y la vigilancia de la conducta del servidor público”, agregó Amoroso.
Guaidó y los otros diputados se reúnen bajo una instancia denominada Comisión Delegada, una figura que pusieron en marcha en diciembre pasado para prolongar el mandato que entonces ejercía como jefe del Parlamento.
El dirigente decidió usar esta instancia como una estrategia para dar validez a sus decisiones, tras considerar que las elecciones legislativas que se celebraron el pasado 6 de diciembre carecían de condiciones y estándares democráticos.
La comisión es reconocida por algunos países como Estados Unidos o Colombia.