El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, ha firmado el Proyecto de Administración 81, una ley que busca simplificar y unificar el proceso de credencialización de proveedores de salud que brindan servicios bajo el Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico y los planes médicos privados.
La nueva ley establece la implementación de un formulario uniforme y un sistema digital centralizado para recopilar los documentos necesarios para verificar las credenciales de los proveedores. El objetivo es eliminar obstáculos burocráticos a la contratación por parte de las aseguradoras y el Plan de Salud del Gobierno, facilitar que más médicos estén disponibles para brindar servicios de salud en la isla y mejorar las condiciones de la clase médica y otros proveedores de salud.
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Durante la firma del Proyecto, el gobernador estuvo acompañado del comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, y del secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López. El primer ejecutivo destacó que su gobierno está enfocado en buscar soluciones que faciliten que la clase médica permanezca en la isla y brinde los servicios básicos y especializados que la gente necesita.
Además, señaló que la nueva ley es otro paso firme en esa dirección y contó con el apoyo unánime de todas las delegaciones en la Asamblea Legislativa.
Por su parte, el Comisionado de Seguros expresó que se busca hacer justicia a los pacientes al facilitar que más médicos y profesionales de la salud estén disponibles para brindar sus servicios bajo la cubierta de planes médicos.
Una ley para enmendar
Esta ley enmienda la de Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico y el Código de Seguros de Salud de Puerto Rico para que los proveedores de salud disfruten de un proceso uniforme de credencialización que sea más rápido, eficiente y ágil, eliminando la duplicidad y falta de uniformidad en el proceso de credencialización de los proveedores médicos y demás profesionales de la salud.
El Gobernador destacó que su administración ha desarrollado diversas estrategias puntuales de política pública dirigidas a atajar el éxodo de médicos y lograr que los servicios que rinden en Puerto Rico estén mejor remunerados.