Estados Unidos sancionó el lunes a la empresa estatal china CEIEC, acusándola de restringir el servicio de internet en Venezuela y de realizar vigilancia digital y operaciones cibernéticas contra oponentes políticos del gobierno de Nicolás Maduro.
El Departamento del Tesoro dijo en un comunicado que CEIECfue incluida en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) “por apoyar los esfuerzos del régimen ilegítimo de Maduro para socavar la democracia en Venezuela”.
Esta entidad fue designada de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13692, por haber asistido, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios para, o en apoyo de, acciones o políticas que socavan la democracia.
“La dependencia del régimen ilegítimo de Maduro en entidades como CEIEC para promover su agenda autoritaria ilustra aún más la priorización del poder del régimen sobre los valores y procesos democráticos”, dijo el secretario Steven T. Mnuchin citado en un comunicado.
“Estados Unidos no dudará en apuntar a cualquiera que ayude a reprimir la voluntad democrática del pueblo venezolano y otros en todo el mundo”, afirmó.
Como resultado de las sanciones, todas las propiedades e intereses en propiedad de CEIEC, o cualquier entidad en la que posea, directa o indirectamente, una participación del 50 por ciento o más, que estén en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, deben ser bloqueados e informado a la OFAC.
Según el texto, la empresa china ha proporcionado software, capacitación y experiencia técnica a las entidades gubernamentales de Venezuela, como la Compañía Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv), que luego se utilizó contra el pueblo de Venezuela.
El conjunto de software y hardware que CEIEC proporcionó a Venezuela es una versión comercializada del “Gran Cortafuegos” de China, que no es más que “el sistema nacional de filtros y bloqueos web de China, que se utiliza para mantener una estricta censura en línea, controlar la información a la que los ciudadanos chinos pueden acceder fuera de China y prevenir la difusión interna de contenido que los líderes políticos consideren indeseables”.