Numerosos interrogantes surgieron en España sobre la manera en que saldó su deuda fiscal de 4,4 millones de euros el rey emérito español Juan Carlos I, exiliado en Abu Dabi y objeto de tres investigaciones judiciales.
Después de que su abogado confirmara el viernes esta regularización fiscal, varios periódicos españoles, como El País o El Mundo, indicaron que logró reunir esta cantidad multimillonaria gracias a préstamos de una decena de amigos, entre ellos empresarios y aristócratas.
“Quizás lo que habría que investigar es si efectivamente son préstamos o donaciones encubiertas”, apuntó Carlos Cruzado, presidente de Gestha, principal sindicato del Ministerio de Finanzas, en una entrevista para la AFP.
Las donaciones en España, recordó Cruzado, “deben tributar en el impuesto de donaciones”, que en este caso sería del 40 %, según El País.
Este pago de 4.395.901,96 euros (unos 5,3 millones de dólares) debe permitir a Juan Carlos I saldar una deuda pendiente con la hacienda española por vuelos con un jet privado, valorados en 7 millones de euros.
Esta cantidad había sido pagada por una empresa basada en Liechtenstein, un pequeño país del centro de Europa con condiciones fiscales muy ventajosas.
Sin embargo, según El Mundo, este pago solo saldaría la deuda de los vuelos realizados tras su abdicación, entre 2014 y 2018, a pesar de que la empresa de Liechtenstein pagó sus viajes en jet privado desde 2006.
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¿Complicidad de la administración sobre el caso Juan Carlos I?
Este ajuste de cuentas con el fisco desató una nueva tormenta política en España sobre el rey emérito.
El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, dijo el viernes que siente “el mismo rechazo que la mayoría de la ciudadanía española frente a estas conductas incívicas que estamos conociendo”, con el caso del rey Juan Carlos I.
No obstante, existen dudas sobre la actuación del ejecutivo y la administración.
En un editorial titulado “Juan Carlos I: la democracia española necesita explicaciones”, El País afirmó el sábado que “a todas las instituciones que tienen un papel en este triste escándalo —Agencia Tributaria, Fiscalía, Casa del Rey, Gobierno en su conjunto— les corresponde (…) despejar cualquier sospecha de que el rey emérito goza de un trato de favor”.
Cruzado no disimuló sus “dudas” respecto a la actuación del Ministerio de Finanzas.
De hecho, recordó que “los medios vienen publicando información relevante sobre estas cuestiones” por lo que “no entendemos que la Agencia Tributaria no haya actuado antes y no hayan abierto una investigación”.
Es la segunda vez que Juan Carlos I salda sus deudas con la hacienda española.
En diciembre, ya había pagado 680.000 euros para regularizar una deuda relacionada con una investigación por corrupción sobre el uso de tarjetas de crédito vinculadas a cuentas bancarias de un empresario mexicano y de un coronel del ejército del aire español.
Diputados de partidos nacionalistas catalanes y vascos, cuyo apoyo necesita el gobierno de Sánchez para lograr la mayoría absoluta en el Parlamento, pidieron que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero compareciera en el Congreso de los Diputados.
El ministro de Consumo, Alberto Garzón (de Unidas Podemos, izquierda radical), criticó en Twitter “la ceguera voluntaria” ante los escándalos que rodean al rey emérito.
El monarca, de 83 años, que ocupó la jefatura del Estado entre 1975 y 2014, es objeto de tres investigaciones.
La más importante de ellas intenta demostrar si recibió una comisión por la adjudicación a empresas españolas de un contrato para la construcción de una línea ferroviaria de alta velocidad en Arabia Saudita en 2011.
En el epicentro de este caso se encuentra una transferencia de 100 millones de dólares que Juan Carlos I, según el diario suizo La Tribune de Genève, recibió presuntamente en una cuenta en Suiza en 2008 por parte del entonces rey saudita Abdalá.
Fuente: AFP
