La Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA, por sus siglas en inglés) cuestionó hoy las expresiones plasmadas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en su boletín informativo del 18 de junio en que indica que “respalda al 100% los objetivos de energía renovable de Puerto Rico.

“Es totalmente incongruente que la JSF diga que apoya la energía renovable y la medición neta, y al mismo tiempo busque derogar la Ley 10 que la protege. No puedo recordar ni una sola instancia concreta en que la Junta haya apoyado la energía renovable, pero sí múltiples ocasiones en que la ha atacado, desde propuestas de impuestos solares a prosumidores, cancelaciones masivas de cientos de megavatios en fincas solares, y ahora este ataque frontal a la medición neta”, dijo Javier Rúa Jovet, director de Política Pública de SESA.

Además, enfatizó que el debate sobre la Ley 10 de 2024 no trata sobre la medición neta, sino sobre la independencia del Negociado de Energía de Puerto Rico, reseñó el diario Noticel.

“La derogación de la Ley 10 tendrá resultados nefastos para el progreso de la integración de renovables. La energía solar es la mejor alternativa para los miles de puertorriqueños que están sufriendo la fragilidad y la inestabilidad del sistema energético. Sin la medición neta, los sistemas solares con baterías se volverían prohibitivamente caros, y la gente, particularmente nuestros ciudadanos más necesitados, se quedaría sin opción para protegerse”.

Añadió Rúa Jovet que “la medición neta fue creada por la Legislatura en 2007 y extendida por esta hasta el 2030 mediante la Ley 10. La Ley 10 está enteramente alineada con las metas de energía renovable que el Negociado de Energía está llamado a impulsar. La Ley 10 nada tiene que ver con la independencia del regulador, principio que defendemos. De hecho, quien interfiere con la independencia de los oficiales del país es la Junta, al amenazarles con la presentación de demandas y al presionar al regulador para que obvie una ley del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, unánimemente aprobada en Cámara y Senado y promulgada por el Gobernador. Además, el propio Negociado de Energía, naturalmente expresó en el proceso legislativo de la Ley 10 que ‘en su aplicación práctica’ la misma beneficiaría al programa de medición neta.”