Un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones confirmó la validez de la destitución contra Elizabeth Torres Rodríguez como delegada congresional en Washington por haber incumplido con el requisito de detallar cuáles fueron las gestiones que realizó para adelantar la estadidad para Puerto Rico en uno de sus informes.

“Así, pues, contrario a los argumentos de la señora Torres Rodríguez, la determinación del foro primario al destituirla no estuvo basada en la inconformidad del foro primario con el contenido del tercer informe. Por el contrario, el foro primario fue meridianamente claro en que la ‘determinación no se basa en las críticas que contiene el Tercer Informe sobre la Ley o sobre la labor de los demás delegados o cualquier otra” y reconoció que ‘[l]a Ley Núm. 167 no establece nada sobre las críticas, solo dispone que los informes que los delegados deben presentar al Gobernador cada 90 días deben incluir las gestiones que han llevado a cabo para cumplir con el propósito de la ley”, concluyeron los jueces para descartar que el togado Anthony Cuevas Ramos cometió errores a la hora de resolver el caso.

“De hecho, los primeros dos informes igualmente contienen críticas, pero aun así el foro apelado concluyó que estos cumplían con el texto de la Ley 167-2020, pues incluían algunas gestiones que la parte apelante llevó a cabo. Por ende, a pesar de que los tres informes contienen críticas, la diferencia estriba en que en el Tercer Informe la parte apelante simplemente no incluyó ninguna gestión que llevó a cabo para cumplir con el propósito de la ley durante el periodo cubierto por este. Por ende, el error señalado no fue cometido”, añadió la corte revisora en su sentencia de 34 páginas.

“A tenor con lo anterior, se declara No Ha Lugar a la Moción solicitando desestimación por violación a la separación de poderes y vaguedad del estatuto presentada por la parte Peticionada. Adicionalmente, se declara Ha Lugar la Moción de sentencia sumaria presentada por el Gobierno de Puerto Rico. En vista de lo anteriormente expuesto, se dicta Sentencia destituyendo a la Sra. Elizabeth Torres Rodríguez como Delegada Especial o Delegada Congresional de Puerto Rico en la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, ante su incumplimiento con el Art. 12 de la Ley Núm. 167”, sentenció Cuevas Ramos el 26 de junio pasado.

De inmediato, Torres Rodríguez anticipó a El Nuevo Día que acudirá ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. “Vamos a ir al Supremo porque esto es un caso de alto interés público”, afirmó Torres Rodríguez en entrevista telefónica.

El año pasado, el Departamento de Justicia presentó un recurso legal en el que solicitó la destitución de Torres Rodríguez al argumentar que incumplió con los deberes del cargo establecidos en la Ley para crear la Delegación Congresional de Puerto Rico (Ley 167-2020), que incluyen reclamar al Congreso la estadidad para Puerto Rico, rendir informes cada 90 días al gobernador sobre sus gestiones y trabajar a tiempo completo.

Torres Rodríguez no solo rechazó la determinación del Tribunal de Apelaciones, sino que alegó que no se le concedió el debido proceso en ley, tanto a nivel judicial como administrativo, como funcionaria electa.

“Lo que hay en mi contra es un asunto de persecución selectiva porque somos seis miembros de la delagación y solamente se me está llevando a mí a los tribunales. No se me dio un debido proceso administrativo, como se le da a un empleado público, ni tan siquiera, y soy una funcionaria electa”, sostuvo, al señalar que el panel de jueces no abordó el asunto del derecho del elector.