Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, calificó este viernes como “injusta” la decisión adoptada por un tribunal de EE.UU., que declaró que los tenedores del bono de deuda Pdvsa 2020, que tiene como activo de garantía a Citgo, pueden ejecutar la venta de esta compañía.
“Dicha decisión es injusta”, reza un comunicado del “gobierno interino” liderado por Guaidó.
Frente a esta situación, el Gobierno interino reiteró que la emisión de los bonos 2020, teniendo como garantía Citgo, “es absolutamente fraudulenta”.
Pese a la decisión adoptada por los tribunales, consideran que “Citgo sigue protegida, ya que existe una orden ejecutiva de la Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC, por sus siglas en inglés) que impide la ejecución de cualquier acreencia” por parte de los tenedores de bonos.
Finalmente, asegura que seguirán trabajando junto a sus “aliados”, y en especial el Gobierno de Estados Unidos, para “que se mantenga la protección y avanzar hacia la preservación definitiva de Citgo”.
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El documento expresa de forma textual los siguiente:
1. Esta decisión parcial sobre la acción de la Junta Administradora ad hoc de Pdvsa y PDVH, es consecuencia directa de las políticas irresponsables de endeudamiento del régimen dirigido por Nicolás Maduro. Dicha decisión es injusta por lo que desde el Gobierno interino apoyamos al equipo legal designado por la Junta Administradora ad hoc de Pdvsa, en la realización de las evaluaciones necesarias para considerar todas las opciones legales, incluyendo la apelación.
2. Insistimos en que la emisión de estos Bonos Pdvsa 2020 –poniendo como colateral las acciones de PDVH, cuya única propiedad es Citgo– es absolutamente fraudulenta, tal como lo dictaminó la Asamblea Nacional el 27 de agosto de 2016, mediante la aprobación de un acuerdo que expresa de manera clara que esta condición del colateral es ilegal en vista de que no fue aprobada por el Parlamento Nacional, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
3. La demanda de nulidad ante la Corte de Distrito de Nueva York en contra de los Bonos Pdvsa 2020, fue el resultado de un proceso de evaluación complejo en el que se determinó que esta era la única opción con la cual contaba Pdvsa para proteger los activos de Citgo, luego de que las negociaciones con los tenedores fracasaran pocos días antes del vencimiento de la cuota del principal e intereses por cerca de un millardo de dólares.
4. Desde que el presidente (E) Juan Guaidó asumió la Presidencia interina de Venezuela, en enero de 2019, hemos logrado la protección de Citgo en todos los frentes abiertos irresponsablemente por la dictadura. En ese sentido, y a pesar de la decisión en la Corte de Nueva York, Citgo sigue protegida ya que existe una Orden Ejecutiva (GL5) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que impide la ejecución de cualquier acreencia por parte de los tenedores del Bono Pdvsa 2020.
5. Esta protección brindada por el Departamento del Tesoro de EE.UU. fue renovada a principios del mes de octubre de 2020 y se mantendrá al menos hasta el 19 de enero de 2021, otorgando así un margen de tiempo adecuado para seguir avanzando en la estrategia procesal de defensa de Citgo.
6. Desde el Gobierno interino seguimos trabajando con nuestros aliados, especialmente el Gobierno de Estados Unidos, para que se mantenga la protección y avanzar hacia la preservación definitiva de Citgo para todos los venezolanos. Así ha sido declarado en reiteradas oportunidades por el Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado de EE.UU., especialmente en comunicaciones remitidas por Elliott Abrams, Representante Especial de EE.UU. para Venezuela.
7. Finalmente, queremos recordar que en ningún momento hemos pretendido repudiar esta deuda ni, en general, el resto de reclamaciones privadas en contra del Estado. El Gobierno interino de Guaidó ha expresado permanentemente su intención de que el Estado venezolano pueda cumplir con las obligaciones legítimamente contraídas con aval de la Asamblea Nacional. Para ello, debe haber una evaluación y reestructuración organizada de deuda u obligaciones contraídas, conjuntamente con las contrapartes, lo cual será posible tras una transición democrática. A diferencia de la dictadura corrupta, creemos en el Estado de Derecho y en la justicia.
En base a estos argumentos, se espera que la Corte en cuestión, sea garante del dictamen establecido posterior a la demanda y se puedan esclarecer los puntos específicos.
Fuente Presidencia Ve
