Cifras que se dicen con facilidad y algunas veces con ligereza. Siete millones de migrantes venezolanos; seis años paralizado el sistema de procura de órganos y tejidos para el país, mientras el contador de niños muertos esperando trasplante no se detiene; 51 violaciones a la libertad de expresión en el mes de mayo, (39 más que en abril) expresadas en censura, intimidación y hostigamiento verbal; hasta el 7 de junio, el periodista Roland Carreño tenía 953 días privado de su libertad y el defensor de los derechos humanos, el profesor Javier Tarazona, 704 días, ambos dentro de la contabilidad de 285 presos políticos, 131 civiles y 154 militares, que languidecen de sufrimiento en las mazmorras del régimen.
Podríamos llenar páginas con números que corroboran que en Venezuela no hay democracia y que los ciudadanos viven en desamparo. Por eso, defender los derechos humanos es un acto de valentía, como bien lo resume la organización no gubernamental de derechos humanos más importante de los países nórdicos, Civil Rights Defenders, al entregar en Estocolmo el premio “Defensor de Derechos Civiles” al Foro Penal “por arriesgar su propia seguridad en defensa de la libertad de los demás y el acceso de la justicia para todos”.
Este premio por primera vez ha sido otorgado a una organización latinoamericana lo que además del reconocimiento a los activistas del Foro Penal resulta en algo más importante: visibiliza a las víctimas, lo que contribuye a mantener encendidas las alarmas sobre Venezuela, tomando en cuenta que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional está llevando a cabo una investigación.
El Foro Penal ha sacado de prisión directa e indirectamente a más de 12 mil personas. Esa labor es un logro de más de cinco mil voluntarios abogados y activistas dentro y fuera de Venezuela que atienden y registran de manera metódica los casos que luego son debidamente denunciados ante instancias internacionales. No solo se trata de representar a la víctima, también es fundamental mantener viva la información sobre cada uno de los presos, porque además del castigo objetivo de la cárcel, los que están tras las rejas cargan el suplicio del olvido.
El Foro Penal es algo muy novedoso en toda América Latina. Civil Rights Defenders ha premiado el rigor del trabajo, su crecimiento organizado para atención y seguimiento de los casos, y que haya sobrevivido en el tiempo con un impacto decisivo. En el espectro total de más de 15 mil detenciones desde el 2002, la labor del Foro Penal -a la que se une el trabajo de otras respetadas ONG´s-, ha garantizado que organismos internacionales mantengan colocada la lupa sobre nuestro país, atención no solo expresada en la investigación en proceso de la Fiscalía de la CPI, sino también al mantener el interés de algunos gobiernos y organismos vigilantes del respeto de los derechos civiles y políticos.
“Desalienta que el gobierno logre apaciguar a la gente, deprimirla, pero premios como éste insuflan la voluntad, alientan la lucha y resultan en un soporte moral. Es una forma de ratificar que hay un mundo que está observando lo que hacemos en Venezuela y los riesgos a los que nos exponemos. No estamos solos y eso es importante”, reflexiona el director presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, quien hace más de dos décadas decidió abandonar el ejercicio privado del derecho para entregarse a esta misión. En esa voluntad lo ha acompañado Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG, quien destaca con orgullo el fortalecimiento de la organización.
En todo ese tiempo muchas lágrimas han corrido en nuestro país. Y todavía. Porque sin democracia no hay justicia. Por eso la posibilidad de un proceso electoral es de fundamental interés para la organización bajo una preocupante realidad: “hoy no hay condiciones democráticas para unas elecciones libres que no solo tienen el lado del ejercicio del votante. Es imprescindible la libertad de ser elegido, y eso no existe en Venezuela porque tú no puedes escoger a quien tú quieres, sino al que el gobierno te imponga. Para eso activa tres tipos de mecanismos: el administrativo con las inhabilitaciones, el encarcelamiento con el Poder Judicial controlado como un arma, y la persecución que conlleva al exilio”, precisa Romero.
Los regímenes autoritarios apuestan al cansancio, pero con el Foro Penal se equivocaron. Y quién sabe si terminen necesitando su servicio, porque probablemente algún día será esa misma ONG la que se encargue de luchar para que se respeten los derechos humanos de ellos, los verdugos de hoy.
