Varias contracciones han debido producirse en las ensanchadas barrigas de los generales del régimen a causa de una inesperada hiperventilación. Dicha agitación fue consecuencia de que uno de los abogados del gobierno aseguró que “todos los casos identificados están siendo investigados”, afirmación corregida de inmediato por su compañero de equipo que, tratando de enderezar el entuerto, precisó que “algunos oficiales de rangos bajo y medio han sido procesados”, dejando claro que torturadores y funcionarios de alto rango civil y militar, aún se mantienen a salvo. Ya se verá qué hace Maduro cuando sienta que el nivel de agua se acerca a su cuello en el proceso que debería llevarse a cabo en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.
El incidente fue parte de una penosa puesta en escena del equipo de defensa del oficialismo en una audiencia pública convocada por la sala de apelaciones para dirimir la solicitud del gobierno de Maduro que busca impedir que prosiga la investigación de la Fiscalía de la CPI. El evento fue revelador del estilo con que el régimen resuelve muchos asuntos. Mientras la Fiscalía y la Defensoría de Víctimas, dos entes de la Corte Penal, desplegaron riguroso conocimiento y sensibilidad, los representantes del gobierno venezolano abundaron en contradicciones y desarrollaron un relato que subestimó el momento. Realidad contra mentiras. “No hay perspectiva de que en Venezuela se puedan enjuiciar estos delitos puesto que su gobierno sigue negando de manera reiterada la existencia de crímenes de lesa humanidad” vs una frase panfletaria: “Una Corte extranjera no puede estar interviniendo en nuestro territorio porque está violando el derecho soberano”. Es decir, para el régimen no importa si se cometieron los delitos, el asunto es que estos no sean conocidos por la CPI. O también dice la gente de Maduro: “los hechos se investigan como procedimientos ordinarios”, con lo cual descartan la posibilidad de complementariedad, es decir la investigación conjunta entre la CPI y el gobierno venezolano, al considerar que se trata de hechos aislados. Para establecerse la complementariedad deben remitirse pruebas suficientes y tangibles que demuestren que el Estado investiga actores y hechos a partir de elementos contextuales de crímenes, con información específica. Pero no se puede investigar lo que el Estado considera que no ha ocurrido, lo que lleva entonces a la urgencia de que las riendas se manejen desde la Corte Penal Internacional.
El gran valor de esta audiencia pública fue que las víctimas tuvieron voz. Bajo un discurso impecable, Paolina Massida, miembro de la Oficina de Defensa de las Víctimas de la CPI, fue consuelo y esperanza para los familiares de muertos, torturados, abusados, condenados injustamente, que solo han tenido maltrato de parte de una dictadura.
Mención aparte merece la revelación que el régimen presentó como material de evidencia: el fichero de Tarek William Saab, con el que trataron de demostrar que estaban agendados presuntos reportes de trabajo o diligencias de algunos casos. El aporte “científico” fue completado con copias de tuits y con titulares de medios adeptos al gobierno (como todos porque en Venezuela se acabaron los medios libres) encargados de informar sobre acciones inherentes a presuntas investigaciones. ¿Díganme ustedes si esto no es una mamarrachada?
La audiencia pública cumplida el martes 7 y el miércoles 8 de noviembre, activaron el sueño posible de justicia. Fue un aterrizaje en el estado de derecho que sentíamos muerto. Fue alentador disfrutar sin censura de dos sesiones desde La Haya transmitidas en vivo en las que se debatió solemnemente casos de nuestra realidad, sobre delitos cometidos por funcionarios del régimen actual.
Las inexactitudes, la ausencia de pruebas, los argumentos generales, las frases manidas, abundaron en el equipo que, para colmo, es financiado por los venezolanos. La guinda de la torta la puso Yván Gil, canciller de Maduro, quien además de atacar la sesión denunciando irregularidades en la misma, se fue por el camino de intentar desacreditar a la CPI: “el número de asuntos resueltos por la justicia venezolana supera con creces los casos con condena que ha conducido la Corte Penal Internacional en los últimos años”.
Si nosotros habíamos olvidado que en un tribunal se puede debatir sobre crímenes cometidos en Venezuela y juzgar a los responsables, los miembros de la dictadura parecen también haber olvidado que más allá de nuestras fronteras hay un mundo de gente libre a la que ellos no pueden carajear como hacen con los venezolanos.
