Tanto organizaciones, como un total de 33 personas que defienden derechos humanos (DDHH) en Venezuela fueron atacadas durante el mes de noviembre, esta información se conoce gracias a un informe publicado el martes 22 de diciembre por el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
“Se agudizan las acciones represivas con el fin de obstaculizar el trabajo de las organizaciones y de defensores, quienes son calificados por el Estado como enemigos internos”, informa el texto en el que se recalca que 27 de los ataques iban direccionados en contra de las organizaciones y seis de ellos contra personas que tienen como labor defender esos derechos.
Asimismo, en la lista de hechos documentados en noviembre establecen unos 19 actos de “estigmatización”, un ataque que es ejecutado principalmente a través de medios de comunicación controlados por el oficialismo y sirven al régimen que encabeza Nicolás Maduro.
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El documento establece que el atacante más implacable a las ONG, es el segundo al mando de la dictadura, el recién diputado electo del parlamento venezolano, Diosdado Cabello, el cual de forma semanal arroja públicamente diferentes amenazas a estos establecimientos y personas, basado en que presuntamente, estas son ”financiadas por la Administración estadounidense” para atacar al régimen del cual él es parte activa.
Cabello ha alertado que ”la nueva mayoría oficialista que se instalará en el Parlamento a partir de enero próximo tiene la tarea pendiente de aprobar una ley severa para las ONG,” la cual tiene como objetivo principal ”regular la cooperación internacional”.
“El instrumento contemplaría la prohibición de la entrega de recursos a organizaciones de derechos humanos en el país”, aseveró.
Otras formas de ataque contabilizadas que se pueden detallar, fueron: 4 amenazas, 5 actos de intimidación, un par de detenciones arbitrarias y allanamientos, y un ataque digital.
El texto en cuestión concreta como posibles responsables de estos actos a funcionarios que ocupan altas posiciones de poder en las instituciones del régimen y que mantienen discursos que cumplen con el objetivo de fomentar “la criminalización y los ataques contra las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos”.
En conclusión los ataques ”fueron cometidos en 40% por medios de comunicación gubernamentales, mientras que 12% provienen de instituciones públicas, 15 % de organismos de seguridad, 15 % de funcionarios públicos y 18 % de otros”.
Adicionalmente se establece que las agresiones “evidencian el afianzamiento de la política de criminalización en contra de quienes exigen y defienden derechos y contra aquellos que realizan acciones humanitarias” en Venezuela.
“Defender y exigir derechos humanos en Venezuela y acompañar a las víctimas de los abusos del Estado en sus procesos de búsqueda de verdad, justicia, reparación es una labor de alto riesgo”, explica la ONG.
Al menos 109 personas y organizaciones que defienden los derechos humanos en Venezuela fueron atacadas en el primer semestre de 2020, según proyecciones de la organización.
Con información de EFE
