La Casa Blanca afirmó este miércoles que el grupo de migrantes enviado el día anterior a la base naval de Guantánamo (Cuba) está compuesto por presuntos “miembros” de la organización criminal transnacional Tren de Aragua.
Karoline Leavitt, portavoz del gobierno de Donald Trump, explicó en una rueda de prensa que las autoridades migratorias están priorizando la detención de “criminales violentos”.
El grupo de 10 migrantes, que fue trasladado en un avión militar desde la ciudad fronteriza de El Paso el martes, ya se encuentra en un centro de detención en Guantánamo, según un comunicado del Pentágono emitido esta mañana.
La detención en la isla será “temporal”, indicó el Pentágono, hasta que los migrantes puedan ser “transportados a su país de origen u otro destino apropiado”.
La administración de Trump ha lanzado una ofensiva contra los más de 11 millones de migrantes indocumentados en el país, llamándolos “criminales” y prometiendo ejecutar la mayor campaña de deportación en la historia de Estados Unidos.
En sus primeras semanas en el poder, las autoridades han detenido a más de 8.000 personas en todo el país, según señaló Leavitt en la rueda de prensa. De ellas, más de 400 han sido liberadas debido a la falta de espacio en los centros de detención o por “condiciones médicas graves”, agregó.
El presidente ordenó aumentar la capacidad de detención en la base naval de Guantánamo para albergar a más de 30.000 personas, y el Pentágono ya ha desplegado más de 150 militares para esta tarea, incluidos Infantes de Marina y otros miembros del Comando Sur de EE.UU., responsable de Latinoamérica.
El miércoles pasado, al firmar un memorando para ampliar la capacidad del centro de migrantes en Guantánamo, Trump aseguró que la medida busca “detener a los peores inmigrantes ilegales criminales que representan una amenaza para el pueblo estadounidense”.
Bajo la ley estadounidense, vivir en el país sin autorización o estatus legal no se considera un delito penal, sino civil. Por lo tanto, es incorrecto afirmar que las personas indocumentadas tengan automáticamente un “historial criminal”, como ha señalado la administración actual.
Cruzar la frontera sin inspección -denominado ‘ingreso indebido’- o intentar ingresar a EE. UU. después de haber sido deportado o expulsado sí se considera un delito penal: el primero como una infracción menor y el segundo como un delito grave.
Diversos estudios, incluido uno de la Universidad de Stanford que analiza datos desde la década de 1960, han demostrado que los migrantes tienen menos probabilidades de cometer delitos o ser condenados por ellos en comparación con las personas nacidas en EE. UU.
