El gobierno de Nayib Bukele, a través del Congreso de El Salvador, aumentó las penas de varios delitos en el país, como una forma de intensificar los castigos, incluyendo a aquellos que incurran en hechos de corrupción.

El pasado viernes aprobaron una nueva ley anticorrupción y modificaron el Código Penal del país para aumentar el número de años de ciertas condenas a cárcel.

En la nueva norma se obliga a los funcionarios y empleados públicos del Estado a presentar, además de su declaración jurada anual, un informe sobre los activos y pasivos de su patrimonio, los cuales serán publicados por el Ministerio de Hacienda luego de 15 días. La obligación incluye a hijos y al cónyuge, ya sea por matrimonio o por concubinato.

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La nueva ley castiga el enriquecimiento ilícito con penas de entre 5 y 15 años de prisión (antes eran de entre 3 y 10).

Además, el peculado sentencias de hasta 12 años, anteriormente se castigaba con 8 años.

Pero la mirada del gobierno de Bukele no solo está dirigida a los corruptos, ya que también incrementaron las penas de prisión para una veintena de delitos, estableciendo hasta 35 años tras las rejas por el delito de homicidio simple, hasta 60 años por homicidio agravado, hasta 20 años por robo, y hasta 30 años por robo agravado.

Los casos de homicidio agravado, que antes recibían condenas de 20 a 30 años, ahora se elevarán hasta los 60, mientras que los de homicidio simple (sin agravantes) pasarán del rango de 15 a 20 años al de 25 a 35.

También aumentaron los años de cárcel para delitos como la privación de libertad, violación, agresión sexual, hurto o robo.