Los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (PREPA) emitieron un comunicado este viernes en el que expresan su preocupación por lo que consideran un intento de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos de “despojar” a los acreedores no asegurados de sus derechos fundamentales. Según los bonistas, el tribunal ha rechazado una serie de mociones de reexamen presentadas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el Comité Oficial, lo que ha llevado a un clima de incertidumbre en torno a la situación financiera de la entidad.
Entre los grupos que se han manifestado al respecto se encuentran GoldenTree Asset Management, Assured Guaranty y National Public Finance Guarantee Corporation. En su declaración, los bonistas subrayan que, a pesar de los constantes apagones y las pérdidas en litigios, la JSF ignora los intereses de Puerto Rico y parece tener un “plan desastroso” para prolongar la quiebra de PREPA a través de litigios costosos.
Según reseña Metro.PR, el comunicado destaca que, el 31 de diciembre de 2024, la Corte de Apelaciones desestimó nuevamente las mociones de reexamen, reafirmando que los bonos de ingresos de PREPA, que superan los $8.2 mil millones, están correctamente asegurados por un gravamen sobre los ingresos netos de la entidad. Los bonistas argumentan que tienen derecho a reclamar intereses post-petición, lo que podría elevar su reclamación a más de $11 mil millones, y que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) debería asumir la responsabilidad por cualquier pérdida.
A pesar de los rechazos judiciales, la Junta ha manifestado su intención de continuar con un plan de ajuste no consensuado, lo que, según los bonistas, asegurará que PREPA permanezca en quiebra por un tiempo indefinido y retrasará las mejoras necesarias en el sistema eléctrico. “El pueblo de Puerto Rico seguirá sufriendo mientras los asesores de la Junta acumulan tarifas récord para una reestructuración municipal”, advirtieron.
Los bonistas han dejado claro que están dispuestos a litigar enérgicamente estos temas en ausencia de un acuerdo global. El equipo de mediación designado en el caso de quiebra ha expresado escepticismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo sin más litigios, lo que se ve reforzado por la decisión de la Junta de seguir adelante con una resolución no consensuada.
En su misiva, los bonistas también han propuesto una solución que incluye la aceptación de bonos de reemplazo a 50 años, así como la inyección de $2.5 mil millones en nuevos fondos para facilitar la salida de la quiebra y comenzar las mejoras urgentes en el sistema eléctrico de PREPA. “El plan actual de la Junta para vulnerar los derechos de los bonistas será largo e infructuoso”, concluyeron, enfatizando que tanto los bonistas como el pueblo de Puerto Rico merecen un sistema eléctrico confiable y que el comportamiento de la Junta debe cambiar.
