El Departamento del Tesoro modificó este martes una sección de las sanciones que limitaba el uso de puertos y aeropuertos venezolanos para ciertas transacciones con el régimen de Nicolás Maduro.
La licencia, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), permite al Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) realizar operaciones en puertos y aeropuertos que estaban prohibidas desde 2018.
La oficina explicó que esta nueva medida permitirá al INEA y “(…) cualquier entidad en la que el INEA posea, directa o indirectamente, un 50% o mayor interés”, realizar operaciones o usar los puertos y los aeropuertos de Venezuela sin restricción alguna.
Sin embargo, esta licencia no autoriza transacciones o actividades relacionadas con la exportación o reexportación de diluyentes, claves para que Venezuela pueda procesar su pesado crudo.
Biden creará grupo de trabajo para reunificar familias separadas en la gestión de Trump
Tampoco permitirá operaciones de parte de personas o entidades pertenecientes al INEA que estén sancionadas por el Tesoro. El alivio entró en vigencia desde el 2 de febrero de 2021.
Mariano de Alba, especialista en derecho internacional y relaciones internacionales, dijo a la AFP que esto muestra una intención revisionista.
“La licencia es una primera señal de que hay disposición por parte del nuevo Gobierno estadounidense a revisar el ámbito de aplicación de las sanciones impuestas en los últimos años y aclarar su alcance, para que el comercio y transporte de personas por parte de compañías internacionales no sea visto por sus asesores legales como excesivamente riesgoso“, indicó.
El Gobierno de Trump incrementó las sanciones económicas a Venezuela en enero de 2019, cuando Maduro asumió un segundo mandato hasta 2025. La batería de medidas incluye un embargo de facto al crudo venezolano, crucial para la economía de la otrora potencia petrolera.
Esta es la primera medida del Gobierno del Joe Biden sobre Venezuela, país en el que el nuevo secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que se mantendría la política de presión del antigua administración.
