La crisis migratoria se podría agravar si las autoridades migratorias de los países involucrados decidieran cerrar la ruta del llamado “tapón del Darién”.

Eso dice un reciente reporte publicado por el Instituto para las Políticas Migratorias (MPI, por su sigla en inglés) escrito por el subdirector de Humans Rights Watch (HRW) para las Américas, Juan Pappier, y Caitlyn Yates, investigadora de la Universidad de British Columbia.

El reporte, titulado Cómo el peligroso Darién se convirtió en una avenida para la migración de las Américas, presenta una radiografía histórica del tránsito por esta zona selvática y el dramático incremento que se ha presentado en los últimos tres años, reseñado por El Nacional.

Según estos, de reportar menos de 11.000 migrantes anuales durante la década pasada, se pasó a casi medio millón en lo que va de este 2023.

Tras esbozar una serie de razones que explican este éxodo, el reporte concluye que al menos en el corto plazo es improbable que el flujo se detenga.

Argumentan además que la situación tenderá a empeorar: “Las investigaciones muestran que bloquear las rutas establecidas no pone fin a la migración, sino que empuja a las personas hacia rutas más peligrosas. Si los pasos terrestres más establecidos se volvieran inaccesibles, es probable que las rutas marítimas se utilizarán con mayor frecuencia, al igual que otras rutas más remotas en las profundidades de la selva”.

De acuerdo con los autores, en lugar de intentar cerrar la frontera o ver a los migrantes como un desafío, los gobiernos deberían centrarse en los retos que enfrentan estas personas en el tapón del Darién y en las naciones de origen.

Actualmente, unas 2.500 personas (la mayoría, venezolanos) cruzan a diario esta peligrosa ruta migratoria, según han reportado la Red Clamor en Panamá y la Pastoral de movilidad humana del Episcopado panameño.

Exhortó a que se creen nuevos mecanismos legales para facilitar la migración.

“Estados Unidos y otros países podrían seguir creando vías legales para grupos más diversos de migrantes. Los defensores han pedido a los gobiernos de América del Sur que refuercen el acceso al asilo y al estatus de refugiado para las personas que huyen de la persecución, y que aumenten los esfuerzos de integración para todo tipo de recién llegados. Y todos los gobiernos interesados podrían dirigir sus esfuerzos a hacer que la región sea más segura para quienes cruzan”, dice el reporte.