El Gobierno de Argentina denunció formalmente ante la Corte Penal Internacional el asedio que ha sufrido su embajada en Caracas, en la que se refugian seis opositores venezolanos.
La decisión se da luego de varios días de presencia policial a las afueras del lugar y además de la suspensión de servicios básicos como la electricidad y el agua.
Mario Oyarzábal, embajador de Argentina ante los Países Bajos y los organismos internacionales en La Haya, dijo que la sede diplomática “ha enfrentado situaciones de asedio por parte de fuerzas policiales y actores no armados no identificados, en represalia por haber ofrecido asilo a personas cuya vida e integridad se encuentran en peligro”.
Destacó que es imperativo que se respete la inviolabilidad de las sedes diplomáticas.
En la declaración recordó también cómo en Venezuela se desató una crisis política luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio, que han tenido un resultado controversial, pues Nicolás Maduro asegura que ganó, sin presentar pruebas. Mientras que la oposición, que sí tiene pruebas, dice que el vencedor fue su candidato Edmundo González Urrutia.
“Las circunstancias del país se han deteriorado aún más”, pues “los derechos humanos y civiles son sistemáticamente vulnerados y la voluntad democrática de su población es ignorada de manera deliberada”, dijo el funcionario argentino.
En este sentido, añadió: “Exhortamos a esta Corte a actuar con determinación para asegurar que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia. La impunidad no solo perpetúa el sufrimiento de las víctimas, sino que también erosiona los fundamentos del orden jurídico internacional”.
Argentina es uno de los países que ha reclamado la publicación de resultados oficiales en Venezuela. Ante la no divulgación de esos datos, rompieron relaciones con el régimen de Maduro, al cual no reconocen, ya que apoyan la causa de Edmundo González y María Corina Machado.
