La última acusación contra el expresidente Donald J. Trump, la tercera, no solamente consolida el hecho de que Estados Unidos tiene ahora un sistema judicial de dos niveles. Sus arquitectos, la administración Biden, que cada día que pasa nos recuerda que es un régimen más que un gobierno, están centrando su guerra contra la república estadounidense en el ámbito de la libertad de expresión y las elecciones justas. La búsqueda de un modelo autoritario blando, pseudodemocrático y de partido único es inequívoca.
A través del consejero especial Jack Smith, el fiscal seleccionado por Biden para el Departamento de Justicia (DOJ), un gran jurado federal de Washington, D.C. (la sede legal más izquierdista de Estados Unidos) acusó a Trump de cuatro cargos criminales relacionados con las elecciones presidenciales de 2020 el martes 1 de agosto. Estos son: (1) conspiración para defraudar a Estados Unidos; (2) conspiración para obstruir un procedimiento oficial; (3) obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial; y (4) conspiración contra los derechos civiles de los estadounidenses. Todos ellos están relacionados con los desafíos de Trump a las elecciones presidenciales de 2020. Estas acusaciones son tan peligrosas para los principios subyacentes de una sociedad libre como absurdas en lo que respecta a la teoría jurídica.
La base de los supuestos actos de “fraude”, según los acusadores, es que cuando Trump dijo que las elecciones habían sido robadas, sabía que no lo habían sido. En otras palabras, el Departamento de Justicia de Biden afirma que el expresidente hacía declaraciones que sabía que eran falsas. “Estas afirmaciones eran falsas, y el acusado sabía que eran falsas”, reza parte del documento, pero “las repitió y difundió ampliamente de todos modos”. Además, la acusación afirma, entre otras cosas, que Trump “difundió mentiras de que había habido fraude determinante en las elecciones y que en realidad había ganado.”
La idea central de la acusación se basa en la premisa de que Trump creía sinceramente que había perdido de forma justa. Esto no es demostrable, y con una alta probabilidad, es una suposición incorrecta. No hay nada que pueda sugerir honestamente que Trump no pensó y no cree que las elecciones presidenciales de 2020 fueron amañadas. El 45° presidente no es el único que cuestiona los resultados. Lo cierto es que ningún tribunal de Estados Unidos juzgó un caso en el que se presentaran todas las pruebas —estadísticas, videográficas y testimonios de testigos— relacionadas con las flagrantes irregularidades en ciertos distritos fundamentales. Las derrotas legales sufridas por Trump, el Partido Republicano y los grupos de defensa de los ciudadanos que impugnaron la legitimidad del proceso consiguieron que sus casos fueran desestimados, anulados o derrotados basándose en cuestiones técnicas o temporales del asunto. Los méritos completos de los desafíos a la legitimidad nunca se escucharon en un tribunal de justicia estadounidense.
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Lo cierto es que nunca sabremos, con certeza, quién ganó las elecciones presidenciales de 2020. Amañar unas elecciones es una forma de robo, y hay muchas maneras de conseguirlo. El papel que desempeñaron el FBI y otras agencias de inteligencia, por ejemplo, al presionar a medios de comunicación social como Twitter y Facebook para que censuraran historias, como los escándalos de Hunter Biden, con la falsa teoría conspirativa de que se trataba de desinformación rusa, es intromisión electoral. El FBI sabía que el contenido del portátil de Biden afectaría negativamente a la campaña del candidato demócrata en vísperas de las elecciones. Como dejó claro el histórico artículo de Time del 4 de febrero de 2021, escrito por Molly Ball, sí hubo una “cábala” conspirativa compuesta por oligarcas de las grandes tecnológicas, élites de los medios corporativos, jefes sindicales y más de 150 grupos activistas de izquierda que se confabularon para derrotar a Trump utilizando metodologías cuestionables.
Bajo la lógica política de la pandemia covid, las leyes electorales fueron modificadas nueve meses antes de las elecciones de 2020 por los tribunales estatales, el ejecutivo y los organismos burocráticos. Las legislaturas estatales, las únicas entidades autorizadas por la Constitución para participar en esta actividad, fueron eludidas. Estos cambios en el proceso electoral permitieron el voto por correo al por mayor, relajaron normas como la verificación de firmas, toleraron urnas desatendidas y reorganizaron los plazos permitidos para votar. Era de esperar que unas elecciones con todas estas importantes alteraciones de procedimiento produjeran anomalías impresionantes. Y así fue.
Además, hubo fondos privados desproporcionados que ayudaron a enclaves electorales demócratas clave, eludiendo posiblemente los límites de gasto establecidos por las leyes federales de financiación de campañas que favorecían a la candidatura de Biden. El Center for Tech and Civic Life, una coalición de organizaciones sin ánimo de lucro de izquierda y otras ONG financiadas por Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, volcó alrededor de 500 millones de dólares en zonas electorales locales que los demócratas necesitaban para ganar. Desde 2020, al menos veinticuatro estados han prohibido este tipo de participación de dinero privado en elecciones financiadas con fondos públicos.
Las elecciones de 2020 no fueron singulares en contener irregularidades y manipulación electoral. Es un hecho irrefutable que las elecciones de 2016 se vieron empañadas desde el principio por actividades fraudulentas cometidas por el FBI, la CIA, el Departamento de Justicia, el Comité Nacional Demócrata y la campaña de Hillary Clinton. El escándalo de la colusión rusa, un engaño urdido por agentes de inteligencia extranjeros que trabajaban para la campaña presidencial del Partido Demócrata y alimentado tácitamente por el gobierno de Obama, violó los derechos civiles de los estadounidenses e intentó inclinar la contienda de 2016 a favor de Clinton. Esta vil estratagema, para vincular falsamente al dictador ruso con Trump, perjudicó toda su presidencia. La mentira del bulo de Rusia se mantuvo viva incluso cuando sus autores tenían claro que todo era una invención. Sin embargo, utilizando esta mentira, demócratas clave cuestionaron la legitimidad de la presidencia de Trump (no se pierdan este collage de 12 minutos de negacionistas electorales demócratas). Hillary Clinton declaró rotundamente, hasta en 2019, que Trump era un “presidente ilegítimo”.
Lo cierto es que los demócratas tienen un historial de negación de los resultados electorales cuando pierden. Las elecciones presidenciales y de gobernadores de 2000, 2004, 2016 y 2018 también fueron negadas (aquí hay un video de 24 minutos). Algunos demócratas lo insinuaron, otros dijeron rotundamente que la elección en cuestión fue “robada”. Los legisladores demócratas intentaron convencer a los electores de que no votaran a Bush o a Trump, según las elecciones. En otras palabras, estaban obstruyendo un proceso legal, según los cargos imputados a Trump. ¿Por qué Hillary Clinton y otros negacionistas electorales, demócratas y teóricos de la conspiración no están en la cárcel?
La Primera Enmienda asegura a los estadounidenses el derecho a la libre expresión. Por eso el discurso del que se hicieron eco los negacionistas electorales demócratas, por repulsivo que fuera, no dio lugar a un delito penal. Hillary y sus compañeros negacionistas estaban ejercitando un discurso protegido, aunque se basara en una falsedad políticamente orquestada y pudiera potencialmente incitar a otros a infringir la ley. Se puede argumentar que movimientos marxistas como Black Lives Matter y Antifa se sintieron obligados a cometer actos violentos en busca de un cambio sistémico, basándose en las declaraciones emitidas por Clinton y otros que planteaban dudas sobre la legitimidad de la democracia estadounidense.
Trump también estaba haciendo uso de sus derechos de la Primera Enmienda cuando cuestionó la veracidad de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Esta acusación contra el 45º presidente es un ataque directo a la Constitución y a la libertad de expresión. Cuando se considera la rareza circunstancial del proceso electoral presidencial en cuestión, la defensa de Trump se ve reforzada. Se puede discutir si las irregularidades en las elecciones de 2020 influyeron o no en el resultado. Sin embargo, cuando cualquiera hace una comparación estadística con los patrones de votación reportados el 3 y 4 de noviembre de 2020, así como cruza los datos históricos de votación, nadie puede negar seriamente las impresionantes anomalías descubiertas. La guerra de los demócratas contra Trump en este último asalto legal no solo saquea la libertad de expresión.
La última acusación del Departamento de Justicia de Biden contra el favorito republicano en la contienda presidencial de 2024 es lisa y llanamente manipulación electoral. El razonamiento parcial emitido por el entonces director del FBI, James Comey, para no recomendar que Hillary Clinton fuera acusada penalmente por su manejo y destrucción de material gubernamental clasificado y privilegiado, fue, precisamente, que estaba involucrada en un proceso electoral. Comey admitió que durante toda la investigación del FBI creyó que Clinton ganaría las elecciones de 2016. La prudencia judicial ejercida por el exdirector del FBI fue con pleno conocimiento de los riesgos de deslegitimar las elecciones estadounidenses.
El legado de este intento insensiblemente audaz de impedir que un adversario político compita en unas elecciones puede socavar todo el sistema democrático estadounidense. Cuando la gente no confía en los métodos antes aceptados para elegir representación en un acuerdo de gobierno consensuado, la violencia popular sustituye al civismo. El componente añadido de criminalizar la libertad de expresión porque desafía la narrativa que promueve un partido político es perjudicial para un pueblo libre. Biden y el actual Partido Demócrata están plantando semillas tiránicas de destrucción. Una sección del Preámbulo de la Declaración de Independencia aborda estas preocupaciones. “Los Gobiernos se instituyen entre los Hombres, derivando sus justos poderes del consentimiento de los gobernados, — Que siempre que cualquier Forma de Gobierno se vuelva destructiva de estos fines, es Derecho del Pueblo alterarla o abolirla, e instituir un nuevo Gobierno”.
