El Consejo Federal de Medicina (CFM) de Brasil publicó este miércoles una nueva resolución en el Diario Oficial que eleva de 16 a 18 años la edad mínima para que una persona transgénero acceda a tratamientos hormonales de afirmación de género, en una decisión que marca un giro importante respecto a su postura anterior.
La medida, que también prohíbe el uso de bloqueadores de pubertad en niños y adolescentes diagnosticados con disforia de género, refuerza la postura conservadora que ha ido ganando espacio en el país. La disforia de género es la condición en la que una persona experimenta una discrepancia entre su sexo biológico y la identidad de género que siente como propia.
El Consejo, un órgano autónomo que regula la práctica médica en Brasil, había autorizado el uso de estas terapias desde 2019, permitiendo el inicio de tratamientos hormonales a partir de los 16 años bajo supervisión médica. Sin embargo, la nueva resolución anula esa disposición y establece que “esta terapia está vedada antes de los 18 años de edad”.
Clima conservador en Brasil
La decisión de Brasil se suma a una tendencia internacional en la que varios países están evaluando el acceso de menores de edad a terapias de afirmación de género. En Estados Unidos, casi la mitad de los estados han aprobado leyes para prohibir estos tratamientos en menores, mientras que la Corte Suprema analiza su constitucionalidad en un ambiente político cada vez más polarizado.
Países europeos que fueron pioneros en este tipo de intervenciones también han dado marcha atrás en los últimos años. En Suecia, las autoridades sanitarias suspendieron en 2022 el acceso rutinario a terapias hormonales en menores, citando la necesidad de actuar con mayor “precaución”. Finlandia había adoptado una postura similar desde 2020.
Quienes apoyan estos tratamientos argumentan que pueden aliviar el sufrimiento psicológico de jóvenes con disforia de género y prevenir problemas graves de salud mental. Sin embargo, sectores críticos advierten sobre los posibles efectos irreversibles en el desarrollo y mencionan el creciente número de casos de personas adultas que expresan arrepentimiento tras haberse sometido a estas intervenciones siendo menores.
En el ámbito político, el Congreso brasileño, de mayoría conservadora, debate actualmente varios proyectos de ley que buscan criminalizar a los médicos que administren terapias hormonales o bloqueadores de pubertad a menores. Algunos de estos proyectos contemplan penas de prisión, lo que ha encendido las alarmas en el gremio médico y en organizaciones de derechos humanos.
