Una nueva propuesta legislativa que exige la instalación de detectores de gas en todos los hogares y negocios que utilicen gas licuado ha recibido una respuesta positiva de agencias reguladoras, con el objetivo de aumentar la seguridad en el manejo de este combustible.
La Comisión de Asuntos del Consumidor en la Cámara de Representantes celebró una vista pública para analizar un proyecto de ley que pretende modificar el Artículo 4 de la Ley Número 18 de 2022, conocida como la Ley de Uniformidad en la Venta, Distribución y Despacho de Gas Licuado en Puerto Rico. El proyecto de la Cámara 244 propone que toda venta de gas, ya sea propano o butano, incluya un detector de gas, que alertaría sobre concentraciones peligrosas y posibles fugas, reseñó Metro PR.
Esta medida surge debido a los recientes accidentes fatales relacionados con tanques de gas en residencias y negocios. Desde enero de 2024 hasta la fecha, se han registrado 618 emisiones de gas y 6 explosiones, según datos del Negociado de Bomberos de Puerto Rico (NCBPR). En la vista pública, participaron el comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD), Nino Correa, y el comisionado de la División de Prevención de Incendios del Negociado de Bomberos, Ángel Torales.
El autor del proyecto de ley, el representante José “Che” Pérez Cordero, destacó que esta enmienda es una “inversión práctica”. Según explicó, el costo mínimo de instalar un detector de gas puede evitar gastos mayores, como la reconstrucción de viviendas o intervenciones del aparato estatal en emergencias, además de no incrementar los costos de los seguros. “Es una inversión que puede prevenir lo peor”, señaló.
En relación con los tanques de gas pequeños que los ciudadanos adquieren de manera independiente y no por medio de un gasero, Pérez Cordero indicó que “habrá que abordar este tema de manera práctica”. Aclaró que, aunque no le atrae la idea de imponer leyes estrictas sobre la población, la medida requiere que se demuestre la compra del detector, ya sea con un certificado o recibo, para fomentar la responsabilidad compartida entre el consumidor y el proveedor.
