Una jueza federal bloqueó el miércoles el intento del presidente Donald Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, representando un serio revés para su esfuerzo de eliminar un derecho consagrado en la Constitución del país.
El fallo, emitido por la jueza de distrito Deborah Boardman en un tribunal de Maryland, prohíbe de manera indefinida la aplicación de una de las órdenes ejecutivas más controvertidas de Trump, que debía entrar en vigor el 19 de febrero. En su decisión, Boardman señaló que la negación del derecho a la ciudadanía “causará un daño irreparable”, destacando además que los precedentes de la Corte Suprema protegen este derecho, consagrado por la 14ª Enmienda.
“La orden del presidente entra en conflicto con el lenguaje llano de la 14ª Enmienda”, explicó la jueza. “Ningún tribunal del país ha respaldado nunca la interpretación del presidente. Esta corte no será la primera”.
El decreto de Trump, que ha generado una considerable controversia, proponía excluir a personas nacidas en Estados Unidos pero con padres en situación irregular o con visa. Según la administración, estas personas no estarían “sujetas a la jurisdicción” de EE. UU., y por lo tanto quedarían fuera del derecho a la ciudadanía por nacimiento. Este planteamiento fue ampliamente rechazado por los opositores, quienes defienden que la 14ª Enmienda, ratificada en 1868, sigue vigente y no ha sido modificada en más de un siglo.
El fallo de Boardman se suma a una suspensión preliminar emitida el mes pasado por el juez federal John Coughenour, quien calificó la orden de Trump como “descaradamente inconstitucional”. En ese momento, Trump señaló su intención de apelar dicha decisión.
La ciudadanía por derecho de nacimiento está garantizada por la 14ª Enmienda de la Constitución de EE. UU., que establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos”. Esta medida ha sido un pilar fundamental de la política migratoria del país desde su ratificación tras la Guerra Civil.
Con esta nueva orden judicial, el futuro de la polémica medida de Trump queda nuevamente en suspenso, mientras se mantiene el debate sobre la interpretación de la Constitución y los derechos de los inmigrantes en el país.
