El exboxeador puertorriqueño Félix Verdejo presentó este martes, sin la representación de su abogado, una moción ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston, buscando anular su condena a dos cadenas perpetuas por el asesinato de la joven embarazada Keishla Rodríguez. En su solicitud, Verdejo pidió un nuevo juicio, alegando que el Tribunal Federal en San Juan carecía de jurisdicción para juzgar su caso.
Verdejo fue declarado culpable por un jurado de manera unánime tras un extenso juicio de casi un mes, en el que se probó que, junto con su coacusado Luis Antonio Cádiz, secuestró a Rodríguez, quien estaba esperando un hijo. El tribunal concluyó que la muerte de la joven y de su hijo por nacer fue consecuencia directa de este crimen.
En la moción de 14 páginas, el exboxeador argumentó que el caso debería haberse desestimado debido a que el tribunal federal no tenía competencia en el asunto. Según su interpretación de la ley, los crímenes de este tipo deberían ser procesados bajo la jurisdicción de las cortes estatales de Puerto Rico, no de los tribunales federales, a menos que se trate de delitos que afecten el comercio interestatal o se cometan en áreas marítimas o territoriales especiales.
“Las cortes federales no tienen jurisdicción sobre casos criminales donde la ley criminal local aplica, a menos que afecte de manera sustancial el comercio interestatal”, sostuvo Verdejo en el escrito, añadiendo que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico dejó de ser considerado un territorio de EE. UU. desde 1952, por lo que la ley local debería prevalecer.
Verdejo también destacó que había solicitado a su abogado, quien lo representaba en la apelación, que presentara la moción para desestimar el caso, pero que al no hacerlo, decidió radicar el documento por su cuenta.
Por su parte, la Fiscalía de Puerto Rico explicó que el 29 de abril de 2021, Verdejo, en complicidad con Cádiz, llevó a cabo un plan premeditado para asesinar a Rodríguez y su bebé. Según las pruebas presentadas en el juicio, Verdejo golpeó a la joven, le inyectó sustancias controladas y la ató a un bloque de cemento con alambre. Posteriormente, la arrojó desde el puente Teodoro Moscoso, en el área metropolitana de San Juan, hacia la Laguna San José.
La investigación del caso estuvo a cargo del FBI, con la colaboración del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, el Negociado de la Policía de la isla y el Departamento de Justicia.
La solicitud de Verdejo será ahora evaluada por el Tribunal de Apelaciones, que decidirá si procede con el nuevo juicio o mantiene la condena.
