Human Rights Watch (HRW) publicó este miércoles un nuevo informe sobre Venezuela donde documentó las graves violaciones a los derechos humanos que viene cometiendo el régimen de Nicolás Maduro desde las pasadas elecciones del 28 de julio.
En el texto mencionan entre otras cosas, asesinatos, detenciones, procesos penales arbitrarios y acoso que son llevados a cabo tanto por las autoridades del país como por los llamados “colectivos” afines al gobierno. Además de cuestionar la orden de captura contra el candidato opositor Edmundo González por “instigación a la desobediencia”, “conspiración” y otros delitos.
“La represión que estamos viendo en Venezuela es brutal. La comunidad internacional debe tomar medidas urgentes para garantizar que los venezolanos puedan protestar pacíficamente y que su voto sea respetado”, dijo Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW.
HRW analizó y verificó 39 videos y dos fotografías de las protestas encontrados en diversas plataformas de redes sociales o enviados directamente a los investigadores por personas cercanas a las víctimas, organizaciones y periodistas locales”, dice el informe.
Sostiene que la mayoría de asesinatos ocurrieron en los días 29 y 30 de julio, cuando las protestas alcanzaron su punto más álgido. Ocho casos se habrían presentado en el Distrito Capital, sobre todo en las parroquias populares de El Valle y Antímano.
Seis ocurrieron durante la misma protesta en San Jacinto, Maracay, estado Aragua. Los casos restantes ocurrieron en los estados de Bolívar, Carabobo, Lara, Miranda, Táchira, Yaracuy y Zulia.
“Pruebas creíbles recogidas por Human Rights Watch implican a las fuerzas de seguridad, incluyendo la GNB y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en varios asesinatos”, dice el informe.
También mencionan la detención de por lo menos 2.400 personas y la imputación de cientos de individuos utilizando delitos que, en ocasiones, están definidos de forma amplia y conllevan penas de larga duración, como “incitación al odio”, “resistencia a la autoridad” y “terrorismo”.
“El gobierno también ha intensificado sus tácticas represivas, cancelando pasaportes de críticos del gobierno para evitar que salgan del país, llamando a la ciudadanía a denunciar a manifestantes y realizando redadas abusivas, especialmente en sectores populares. Es imperativo apoyar los esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela”, se sostiene en el informe.
