Los sucesos de la elección presidencial venezolana son alarmantes para América Latina. No hay duda del curso totalitario al que está dispuesto Nicolas Maduro luego del robo público de las urnas en que los venezolanos depositaron sus votos el 28 de julio, con un resultado electoral que el mundo entero conoce: Edmundo González es el presidente electo por abrumadora mayoría del pueblo venezolano.

Las actas son públicas gracias a la estrategia y disciplina de la oposición, porque cada testigo de mesa guardó su copia conforme a la ley electoral venezolana, pero el régimen persiste en desconocer el resultado. Vemos a diario la arremetida brutal contra la ciudadanía reprimiendo a los lideres de la oposición y la protesta pacífica de millones de jóvenes que jamás conocieron la democracia de su país y hoy defienden legítimamente su voto y el anhelo de sus mayores por volver a esa Venezuela democrática y en paz. La violencia del Estado hoy persigue manifestantes de 17 años, en connivencia con militares, colectivos, el CNE y ahora el TSJ, pues en Venezuela no hay independencia de poderes y desde el palacio presidencial deciden arrestos, ordenan torturas, dictan fallos a los jueces y deciden por las autoridades electorales.

Abundan evidencias del autoritarismo en Venezuela durante los últimos 24 años, desde cuando Hugo Chávez irrespetó su Constitución e instituciones. Allá no hay estado de derecho, ni debido proceso. No hay orden, ni ley, ni garantías para los ciudadanos, pues los beneficios son para la camarilla obsecuente de Maduro, mientras los niños menores de 5 años sufren desnutrición aguda, el 50 % de la población es pobre y 8 millones de venezolanos están exiliados.

En Venezuela no existen reglas claras y transparentes. Las reglas se inventan a la medida de las circunstancias. Los ciudadanos del común están indefensos, sometidos arbitrariamente a dádivas esporádicas del régimen, o a castigos sin fórmula de juicio. Las graves violaciones a los derechos humanos quedaron documentadas en los informes del 2017 y 2019 que la ex alta comisionada de DD. HH. De la ONU Michelle Bachelet reportó, sin reacción multilateral alguna.

En el ruido que aturde a Colombia entre escándalos diarios de corrupción del Gobierno de Gustavo Petro y ahora la crisis de Venezuela, las tres mesas de negociaciones del proceso de ‘paz total’ se mueven sigilosamente entre el Gobierno, el Eln, la ‘Segunda Marquetalia’ y las disidencias de las Farc que hoy se burlan desde la mesa con ‘Iván Márquez’ negociando, a pesar de incumplir el acuerdo con Juan Manuel Santos.

Además de negociar con opacidad, este gobierno arrinconó a la fuerza pública durante 2 años, impidiéndole tomar la iniciativa de combate y obligándola a un supuesto cese bilateral al fuego a pesar de evidencias diarias de secuestros, reclutamiento de niños y atentados terroristas. Tan graves como el reconocimiento mutuo con grupos criminales, son los viajes frecuentes, con agenda desconocida del presidente de Colombia a Caracas, mientras Cuba, Venezuela y por supuesto, Noruega, son los países garantes del proceso.

¿Qué garantía tenemos de la negociación de un presidente que al igual que Maduro descalifica a diario nuestras instituciones y la Constitución? ¿Qué garantía nos da un proceso con países alineados con la permanente descalificación a la sociedad colombiana y sus instituciones?

La paz en Colombia depende del acatamiento de todos a la ley que es contundente en igualdad de derechos y oportunidades. No será jamás garante de la democracia colombiana, del respeto a la ley, la Constitución, las instituciones, la iniciativa privada y la búsqueda de empleos para el bienestar de los colombianos, alguien que desconoce esos valores y convicciones.

Maduro no ha brindado esas garantías al pueblo venezolano del cual es su presidente, porque no quiere a Venezuela, ni mucho menos a Colombia. Ninguna sería la contribución de un autócrata de ese talante a la solución del complejo problema de violencia que vivimos en nuestro país y cuya forma de afrontar tampoco tiene clara el presidente Petro. El modelo abusivo, arbitrario e ilegal que lamentablemente sufre Venezuela, no puede ser ejemplo para los países de la región ni para el mundo y velaremos porque no lo impongan en Colombia.

Maduro no puede ser garante de una negociación improvisada por Gustavo Petro que permitió que delincuencia y terrorismo se desbordaran en todos los rincones de Colombia, a pesar del afán mediático y tardío del ministro de Defensa para mostrar lo contrario.

POR: MARTA LUCÍA RAMÍREZ