La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) presentó ante el Tribunal federal de Distrito una demanda contra el gobernador Pedro R. Pierluisi para anular la Ley 10 de 2024, la cual establece que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) deberá comenzar el estudio de la medición neta no antes de enero de 2030.
La acción, según se informó en comunicado de prensa, se tomó para proteger al Negociado de Energía y que opere libre de influencia política.
“La Ley 10 socava la autonomía del Negociado de Energía y, al hacerlo, interfiere con la experiencia del Negociado para servir a los deseos de intereses particulares. El propósito de la acción de la Junta de Supervisión es restaurar la capacidad del Negociado de Energía para regular el sistema energético de Puerto Rico”, dice parte del documento.
Se supone que este estudio se realice en la actualidad para conocer el impacto económico de la medición neta, la cual beneficia a los consumidores que tienen sistemas solares en sus hogares y negocios, así como para promulgar cambios.
De inmediato, el gobernador Pierluisi emitió unas declaraciones escritas en las que señaló que los abogados del gobierno analizan el curso de acción.
“El gobierno de Puerto Rico estará analizando el recurso legal presentado en el día de hoy por la Junta de Supervisión y responderá. A fin de cuentas, lo importante es que continuemos incentivando la instalación de placas solares y baterías por todo Puerto Rico. Eso no solo reducirá el costo de la electricidad, sino agilizará la transformación del sistema energético en la isla. Durante mi gobierno he sido consistente en apoyar la conversión a energía renovable, particularmente el uso de las placas solares y baterías, tanto en residencias como en negocios por todo Puerto Rico”, dijo.
