En un reciente fallo que destaca las tensiones entre las autoridades estatales y federales en Estados Unidos, el Tribunal Supremo ha autorizado por 5 votos contra 4 el retiro del alambre instalado por Texas en la frontera con México. Esta disputa legal surge después de que un tribunal de apelaciones federal paralizara las labores de la Patrulla Fronteriza en diciembre, cuestionando las competencias y elevando el caso al nivel más alto de la judicatura.
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La polémica se ha intensificado en los últimos días, acentuada por la trágica muerte de tres migrantes ahogados en una zona del río Bravo inaccesible para los agentes federales debido a la decisión estatal de Texas. Las autoridades federales han apelado a la Cláusula Suprema de la Constitución, argumentando que las leyes federales deben prevalecer sobre las estatales. Desde Washington, la representante del Departamento de Justicia, Elizabeth Prelogar, subrayó la preocupación de que, al respaldar a Texas, otros estados podrían utilizar sus propias leyes para obstaculizar la autoridad del Gobierno federal. Mientras tanto, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, defendió la medida como una cuestión de inspección y seguridad para el estado.
La decisión del Tribunal Supremo plantea cuestiones fundamentales sobre el equilibrio de poder entre los niveles de gobierno en Estados Unidos. Mientras la seguridad fronteriza y la gestión migratoria son preocupaciones compartidas, la interpretación de las competencias constitucionales sigue siendo un tema candente. Este caso subraya la necesidad de un diálogo constructivo entre los estados y el gobierno federal para abordar eficazmente los desafíos fronterizos.
