La Junta de Administración y Supervisión Financiera para Puerto Rico (Junta de Supervisión) emitió una declaración en la que advirtió que la reforma contributiva propuesta por la Asamblea Legislativa amenaza la estabilidad fiscal del Gobierno.
Cree que una reforma contributiva es esencial para que Puerto Rico regrese a un crecimiento económico sostenible. Sin embargo, la reforma debe ser integral, holística y debe funcionar a largo plazo.
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El proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa representa uno de los mayores recortes contributivos de la historia de Puerto Rico. El proyecto de ley reduciría los ingresos del Gobierno en unos $750 millones en este año fiscal y en alrededor de $3,000 millones en los próximos cinco años.
Junta dice que el proyecto de ley es inconsistente con el Plan Fiscal
La Junta de Supervisión sostiene que el proyecto de ley es inconsistente con el Plan Fiscal para Puerto Rico, el presupuesto del año fiscal en curso y PROMESA. Con estas pérdidas sustanciales de ingresos, el presupuesto del Gobierno volvería a caer en déficit, borrando así el progreso logrado en los últimos años para estabilizar las finanzas de Puerto Rico.
Exhortó a la Legislatura a no enviar el proyecto de ley al gobernador para su firma, así como a no convertirlo en ley. En su lugar, alentó a ambas ramas del gobierno a reunirse con la Junta de Supervisión para trabajar juntos en un presupuesto que financie adecuadamente los servicios, y en un plan de reforma contributiva que sea asequible y conduzca a un crecimiento económico a largo plazo para un Puerto Rico en recuperación.
En años anteriores, la Junta de Supervisión apoyó la extensión de sobre $500 millones al año del Crédito Contributivo por Ingreso Devengado, que es apropiado y sensato, recibe pareo de parte del Gobierno Federal, beneficia a los hogares de bajos ingresos e incentiva a más residentes a reincorporarse a la economía formal. Continuamos abiertos a discutir propuestas contributivas justas y eficaces.
Sin embargo, la Junta de Supervisión sostiene que el proyecto de ley contributivo que la Legislatura aprobó apresuradamente anoche no fue evaluado suficientemente para conocer su costo o impacto económico. La reducción de la carga contributiva debe basarse en datos, no en política, y en una discusión y una evaluación exhaustiva de su impacto en las finanzas públicas y en la economía en general.
